Al mismo tiempo, los uniformados los sometieron a sufrimiento y dolor, mediante tortura, castigo infame, vejaciones y medidas arbitrarias, informó en un comunicado la Procuraduría General de la Nación.
El agente de instrucción Delegado, Edwin Guardia, debidamente autorizado por el fiscal Auxiliar de la República, Luis Martínez, decretó la detención preventiva de siete miembros de la Policía Nacional, quienes participaron en el hecho.
Mientras, el Ministerio Público información de las órdenes de detención de sus unidades, en la sede de Ancón, con un suspiro de decepción el director de la Policía Nacional, Rolando Mirones, anunció ayer la separación del cargo de diez unidades policiales.
Explicó que estos policías maltrataron a los detenidos que supuestamente participaron en el asalto a mano armada en perjuicio de dos turistas colombianos en el Corredor Norte.
El director prefirió no dar a conocer los nombres y rangos de las unidades por la presunción de inocencia y el debido proceso.
El jefe policial indicó que todas las unidades policiales están identificados por las víctimas, por lo que "esta situación no se admite en la Policía Nacional".
Reveló que existen indicios del maltrato e inclusive hay fotográficas, por lo que ordenó inmediatamente que a estos funcionarios policiales les retirasen las placas, las armas y que se les separaran del servicio, para ser enviados a la Fiscalía Auxiliar a rendir declaración.
A las unidades detenidos se les tomó la declaración jurada en la Fiscalía Auxiliar pero no confesaron el delito de tortura, informó el fiscal Luis Martínez.
Explicó que los presuntos vinculados al hecho podrían enfrentar el delito contra la libertad individual.
El artículo 160 del Código Penal contempla sanción de dos a cinco años de prisión para los servidores públicos que sometan a un detenido a torturas, castigo infamante, vejaciones o medidas arbitrarias. Además, se sanciona al servidor público que somete a un detenido a severidades o apremios indebidos.
En estos casos se prevé sanción de prisión que oscila de 6 a 20 meses.
Martínez narró que la investigación inició de oficio cuando el secretario General de la Policía Técnica Judicial, Tomás Rosas le informó que mantenía en el Sistema Transitorio de Cárcel de la entidad a un detenido, quien se quejaba de dolor por los múltiples golpes que recibió.
El fiscal Martínez se trasladó hacia la celda y pudo corroborar el estado físico del detenido por lo que decidió enviarlo a Medicatura Forense.
En tanto, el Instituto de Medicina Legal certificó que uno de los detenidos identificado como José Alarcón, sufrió múltiples lesiones provocadas con un objeto contundente en la cara, hombros y piernas, asignándole un incapacidad de 15 días.
Posteriormente los tres detenidos rindieron declaración indagatoria, fueron evaluados y contaron lo sucedido. Desde el lugar de los hechos, los llevaron al cuartel de San Felipe y al Hospital Santo Tomás para que fueran evaluados.
Martínez calificó de "grave" el abuso al que fueron sometidos los detenidos.
La Procuraduría General de la Nación mantiene dos expedientes por maltrato físico por parte de los policías custodios del centro penitenciario La Joya y La Joyita.
Los policías propinaron golpes a 24 detenidos y otro grupo en La Joyita tiró a mansalva perdigones a los internos.
