La operación antidrogas, Ley Patriótica, que dio como resultado el arresto de los principales líderes de supuestas organizaciones de "tumbadores" que actuaban en la ciudad capital, ha tenido resultados negativos para las Fiscalías de Drogas con la desaprensión de los presuntos cabecillas.
La falta de pruebas como de contundencia en la sustentación del delito de lavado de dinero, han sido determinantes en los fallos favorables a los sindicados.
Un hecho notorio fue la decisión adoptada en la última resolución emitida por el Juzgado Primero Penal en el caso de blanqueo de capitales, donde los principales imputados eran David Viteri y Alexander Justiniani.
La resolución señala que se atribuyeron bienes muebles e inmuebles que nunca tuvieron a nombre de los sospechosos.
Tampoco eran pruebas fehacientes los informes emitidos por la Policía y la declaración que presentaron algunos testigos.
En noviembre de 2006, las Fiscalías de Drogas emprendieron lo que se llamó la Operación Ley Patriótica contra el narcotráfico, donde se incautaron más de 70 personas sospechosas de estar vinculadas a bandas organizadas en el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
Se incautaron: buses, taxis, comercios, residencias lujosas, casas de verano, automóviles, motocicletas playeras, en distintos puntos del país y más de 30 millones de dólares con aparente procedencia ilícita.
Entre las personas liberadas, que fueron detenidas durante los operativos de Ley Patriótica, se encuentran, además de Viteri y Justiniani, Oscar Eraso y Jairo Vásquez, entre otro grupo de personas que suman más de una docena, donde figuran ex policías, abogados y cónyuges de los imputados.
Ultiminio Allen uno de los investigados en el 2007, recobró recientemente su libertad tras una fianza de excarcelación y sus bienes incautados fueron devueltos.
La operación Ley Patriótica tenía como objetivo investigar, identificar y procesar a personas cuyas actividades ilícitas guardaban relación con delitos de homicidio, tumbe (robo) de drogas, así como de desmantelar grandes redes del narcotráfico y lavado de dinero", explicaron en el año 2007 las autoridades encargadas de las investigaciones.
Al respecto, el ex secretario de las Fiscalías de Drogas, Arturo González Baso explicó que la ley establece hechos generadores por blanqueo de capitales, donde el agente de investigación debe acreditar un nexo entre los dineros y bienes que son producto del narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas o corrupción, con el delito precedente.
Aseveró que difícilmente se puede establecer la conexión en los delitos de blanqueo de capitales.
Por ejemplo, citó que la justicia norteamericana lleva a las cortes federales de los Estados Unidos muy pocos casos, ya que son muy difícilmente probados.
El abogado, González Baso recordó que en Estados Unidos se abrió un proceso contra varios panameños por lavar dinero y todos fueron absueltos en la década del 90.
Según el jurista, lo que hace la justicia norteamericana ante la imposibilidad de procesar a los sospechosos por blanqueo es que abre un proceso administrativo en el que el Gobierno se queda con los activos y bienes, pues penalmente no pueden sustentarlo.
