De acuerdo con informes de funcionarios vinculados a la operación, entre los detenidos figuran colombianos y ecuatorianos que se encontraban realizando actividades de comercio.
La fuente detalló que entre los detenidos figuran 18 colombianos, varios de los cuales estaban laborando en la empresa Pantalla Visión.
La operación se desarrolló en las ciudades de Santiago y Chitré, en donde se verificó una gran afluencia de indocumentados que laboraban en diversos comercios y se dedican a actividades informales.
Durante la operación se efectuaron inspecciones en locales comerciales, centros nocturnos y en constructoras. También se verificó la documentación de marinos que laboran en embarcaciones de cabotaje.
Trascendió que las autoridades de Migración mantienen un operativo de vigilancia en Paso Canoa, donde se ha detectado un creciente flujo de personas que intentan pasar el puesto fronterizo de forma ilegal.
A inicios de semana Migración detuvo a varios cabecillas de una organización criminal colombiana dedicada al tráfico de indocumentados, cuyo destino era México y Estados Unidos.
Se ha establecido que las redes criminales dedicadas al tráfico de seres humanos desde Colombia utilizan trochas en la zona fronteriza del Darién, además de embarcaciones que desembarcan a los indocumentados en las costas de Colón y el área de Azuero.
A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades, el tráfico de ilegales es uno de los negocios criminales más lucrativos, junto al narcotráfico y el hurto de autos de lujo que luego son vendidos en el mercado negro.
Aracelis Alzamora se defiende diciendo que en la escuela siempre supieron que su hijo estaba perdiendo la audición. Al niño le imparte clases una maestra del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE); también lo atiende una psicóloga.
La directora le dijo que casos como el de ella se ven a nivel mundial, pero eso no la consuela. No se puede pasar por alto una situación así.
Mencionó que en la escuela no hay seguridad alguna y que los portones están abiertos y cualquiera puede entrar. Se unió al club de padres de familia para ver qué podía hacer al respecto, pero señala que hubo tres reuniones y ella no se enteró porque no se lo notificaron.
En tanto, Rita de González, presidenta del Club de Padres de Familia, azzztribuyó el escándalo a personas malintencionadas que estaban en contra de la directora. Lo que ha desprestigiado la imagen del plantel y varias personas han retirado a sus hijos del mismo".El artículo 338 del Código Penal señala que el servidor público que indebidamente rehúse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones será sancionado con 25 a 100 días multa. Para el abogado defensor del caso Benito Mojica, su lucha legal tiene un paralelismo con la pelea entre David y Goliat. El Estado es "pulpo gigante" que pocos se atreven a enfrentar. El caso lo lleva la Fiscalía Primera de San Miguelito.
Mojica tomó la defensa sin recibir honorario alguno porque "ni al Defensor del Pueblo, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (MINJUNFA), ni los juzgados seccionales de familia, se interesaron".
El licenciado sostuvo también que las profesoras Elizabeth de González, directora de la Escuela José Domingo Espinar y Yadira Ruiz Barrios, directora regional del área de San Miguelito, están siendo encausadas criminalmente, porque supuestamente tenían conocimiento de lo sucedido y no hicieron nada para remediarlo.
Mojica alabó el desempeño de la fiscal segunda de San Miguelito, Arcinda María Jurado Becerra, quien tuvo la valentía de escribir en la vista fiscal 413 del 8 de octubre del 2003, que se había incurrido en el delito de "abuso de autoridad e infracción a los deberes de los servidores públicos".
Como abogado espera que el Ministerio Público llame a juicio a los responsables, pero como ciudadano, Benito Mojica no espera nada de un Gobierno que no hizo nada al inicio de su gestión y no hará nada al final. "Estoy seguro que se dará un sobreseimiento, porque hasta ahora no se ha juzgado a nadie vinculado al poder".
Una de las acusadas, la directora regional de San Miguelito sólo atinó a decir que se está dando seguimiento a los padres y a los niños y se han comprometido a vigilar los baños, los recreos y las inmediaciones del plantel.
El gabinete psicopedagógico supervisa desde el incidente, los primeros hasta los sextos grados, realizan actividades con los estudiantes, los padres y los maestros. A los estudiantes "agresores" los enviaron al turno de la tarde y al afectado a la mañana. Todos siguen en el plantel.
Los niños están recibiendo asistencia psicológica y la directora del plantel está organizando una escuela para padres, donde se capacitará a los acudientes sobre la autoestima y la conducta de sus hijos.
A un año de la denuncia, fue recientemente cuando la Fiscalía Primera de San Miguelito admitió la querella para ver si hay mérito para llevar el caso a juicio.
