Toribia García, una paciente ambulatoria que padeció el envenenamiento producido por los medicamentos de la Caja de Seguro Social, murió ayer en el hospital público de Veraguas.
Familiares de la víctima informaron sobre el fallecimiento de la mujer, oriunda del distrito de Soná.
Gabriel Pascual, del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, detalló que hace una semana habían dado la alerta sobre las malas condiciones de salud de García.
Cuestionó el tratamiento que se les da a los 60 pacientes ambulatorios que padecieron el envenenamiento a causa del dietilenglicol.
"Las autoridades no han cumplido con los casos ambulatorios", criticó.
Además, solicitó al Gobierno que reconozca que las cifras de víctimas sobrepasan los 353 fallecidos. Las autoridades no se han pronunciado.
La Fiscalía Primera Superior maneja casos de secuestros y homicidios, y cuando el secuestrado pierde la vida, entra en conocimiento de la Fiscalía, tanto el delito de homicidio como el de secuestro.
Cedeño recuerda un secuestro en San Miguelito. Se trataba de un humilde repartidor de la Cervecería Nacional.
El trabajador vendía licor. Un día, cuando cobraba la mercancía en un establecimiento comercial, fue víctima de secuestro.
Pidieron por él una recompensa a la cervecería, pero mientras llegaba la persona que entregaría el dinero, lo asesinaron. En cambio, robaron la recompensa y golpearon a quien la llevaba.
Pero no siempre se pide dinero. Cedeño narra que hace algunos años, una familia fue secuestrada y los delincuentes no solicitaron dinero, sino droga.
Resultó que dos integrantes de la familia se apropiaron de un cargamento que supuestamente llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La droga llegó, pero las dos personas la tomaron e hicieron un "tumbe".
Los otros miembros de la organización retuvieron a la familia en su propia casa hasta que le entregaron la droga.
Este caso también fue a una audiencia. Los seis sujetos fueron condenados por trafico internacional de drogas, mas no por secuestro ni homicidio.
La fiscal no recuerda casos donde la mafia china esté vinculada, pero investigadores de la PTJ dijeron que se dan por deudas de juegos.
"Los chinos secuestran hasta por deporte y puede haber casos que a veces ni nos enteramos", dijo.
El capítulo III del Código Penal, en su Artículo 188, señala que quien secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, cosas o documentos con efecto jurídico, cualquiera que sea, a su favor o de otras personas, aunque no logre el fin propuesto, será sancionado con prisión de 5 a 7 años.
Será un agravante cuando las víctimas sean servidores públicos que tienen cierto tipo de rango dentro del engranaje gubernamental, menores de edad, ancianos, discapacitados, embarazadas, cuando hay torturas y violaciones. Las penas podrían ser hasta de 12 años.
Unos 12 casos de secuestros hubo en el 2006. A pesar que los delincuentes solicitaron recompensa, nunca fueron canceladas.
Los hebreos son los más atacados, pero nunca denuncian el hecho y deciden manejarlo con toda la discreción posible. Suelen hasta pagar la recompensa solicitada.
