El Segundo Tribunal dispuso suspender la audiencia a Marco Manjarrez, asesino confeso de monseñor Jorge Altafulla, debido a que su abogado defensor Rafael Rodríguez presentó un certificado médico de incapacidad.
Ante esta situación, el magistrado sustanciador del proceso, Wilfredo Sáenz, fijó como nueva fecha el 10 de mayo del 2004 y además designó al defensor de oficio como representante legal de Manjarrez en caso que para ese día Rafael Rodríguez no comparezca al acto de audiencia.
La audiencia se encontraba fijada para el próximo martes y se tenía previsto que Manjarrez enfrentara un jurado de conciencia para establecer su presunta responsabilidad en el homicidio de monseñor Altafulla, perpetrado el 19 de mayo del 2002.
El abogado Rafael Rodríguez ha señalado en reiteradas ocasiones que se le han negado una serie de pruebas que servirían para la defensa de su cliente durante la audiencia y ha establecido que es una víctima del sistema judicial.
Durante el proceso de instrucción sumarial Manjarrez ha intentado quitarse la vida en cinco ocasiones y presentó una denuncia por el presunto delito de violación carnal, que fue desestimada por un juzgado municipal por falta de pruebas.
En la investigación las autoridades nunca lograron recuperar el cuchillo con que monseñor Jorge Altafulla fue ultimado, que según las declaraciones de Manjarrez lo lanzó al río Matasnillo, la misma noche en que cometió el crimen.
En tanto, el fiscal cuarto superior Dimas Guevara aseguró que se encontraba preparado para enfrentar la audiencia y consideró que la dilatación del proceso no favorece a ninguna de las partes y sólo provoca el estancamiento del proceso.
A la vez estableció que las pesquisas señalan directamente a Manjarrez como la persona que planificó y cometió materialmente el crimen.