Tres amparos de garantías constitucionales fueron interpuestos ante el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, por el abogado Eladio Ostia Pravia, en representación de Importadora Ricamar, S.A., luego de que el magistrado de garantías Harry Díaz autorizara una diligencia de allanamiento a sus oficinas, la cual ejecutó el magistrado fiscal Abel Zamorano.
En el documento se alega que dicha diligencia, entre otras cosas, representa una "flagrante violación a las garantías fundamentales" de la empresa, "que le puede acarrear perjuicios graves, lesivos, evidentes y de difícil reparación".
"La orden impartida por el magistrado Harry Díaz implica la existencia de un daño grave e inminente, toda vez que los documentos contables gozan de la misma protección que la correspondencia, que se encuentran amparados por el artículo 29 de la Constitución, por lo que al no cumplirse con las formalidades, se registra una medida arbitraria y desmedida contra Importadora Ricamar, S. A., que no es parte en el proceso penal adelantado por el magistrado fiscal", advierte la defensa en el recurso presentado.
Destaca que la información contable que se pide es general (del 2009 al 2014) y no especifica como lo establece lo ha reiterado en la Corte Suprema de Justicia.
Los amparos recogen, entre otras cosas, las jurisprudencias que ya ha establecido la propia CSJ en las materias en cuestión, así como las disposiciones constitucionales, que se consideran, han sido vulnerados, entre ellos, los artículos 17, 29 y 32 de la Constitución Política.
