A menos de 24 horas de haber sido presentado, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional aprobó ayer, en primer debate, el proyecto de ley que permitirá al Gobierno "clonar" las normas que utiliza la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la construcción de obras de infraestructura pública, hasta por B/ 20 millones.
Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas (MEF), proponente del proyecto, explicó que la norma será utilizada para los procesos de licitación de obras como el Metro, cuyo acto de precalificación está programado para el próximo 17 de marzo.
Se trata de una modificación a la Ley 22 de Contratación Pública, en la que se establece "el principio de licitación por mejor valor con evaluación separada".
Contenido. La propuesta fue presentada a recomendación de organismos multilaterales de financiamiento multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que podrían financiar la construcción del Metro, informó el viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
El proyecto señala que el precio será considerado por separado de los valores técnicos de las obras a ejecutar.
Además, el costo que propongan las empresas sería presentado en un sobre por separado y depositado en una bóveda del Banco Nacional de Panamá y no será considerado hasta después que se concluya con la evaluación de las propuestas técnicas.
Según el ministro Vallarino, además del Metro, la norma permitirá la contratación para obras como escuelas, hospitales, carreteras y otras de gran magnitud que desarrolle el Estado.
Aunque los diputados miembros de la Comisión de Hacienda propusieron la inclusión de una frase en la que se estableciera que este proceso podrá ejecutarse sólo para los megaproyectos, al final se decidió establecer que sería para obras de más de B/ 20 millones.
En estos momentos, las licitaciones se otorgan a la empresa que ofrezca el precio más bajo, lo que provoca que algunas veces, las favorecidas, no son las que tienen la mejor capacidad técnica para el desarrollo de las obras, lo que posteriormente da lugar a la aprobación de adendas y modificaciones a los contratos.
