Para hoy se prevé que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional analice si solicitará al Pleno la destitución de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, después de que esta compareciera por segunda vez ante ese órgano del Estado para responder un cuestionario, en esta ocasión de tres preguntas.
La comisión tiene un plazo de cinco días para hacer sus recomendaciones al Pleno, esto después de analizar las sustentaciones que hiciera Portugal.
Mario Miller, presidente de esta comisión, señaló que hoy a las 11 de la mañana se reunirán a puerta cerrada para estudiar el caso y luego presentar sus sugerencias al resto de los diputados.
El diputado aclaró que los integrantes de la comisión no juzgan, solo pueden recomendar al Pleno la separación o no del cargo. Para concretarse la destitución se necesitan las dos terceras partes del total de diputados, es decir 47.
Mientras que Osman Gómez, otro de los integrantes de la comisión, manifestó que se debe respetar el proceso en el caso de Portugal.
“Si usted tiene la razón y está segura de ello, entonces, demuéstrelo”, recomendó el diputado a la defensora separada.
Por su parte, Leandro Ávila, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y quien también pertenece a la Comisión de Credenciales, sostuvo que esto es un proceso político por parte del Gobierno.
Ávila invitó a la bancada oficialista a que así como sentó en el banquillo a Portugal lo haga con la contralora, con el administrador de la Autoridad de Aseo y con la directora del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop).
Habla Portugal
Portugal respondió a los tres cuestionamientos previamente enviados, en los que reiteró desconocer el parentesco de los dueños de las empresas al momento de finiquitar el contrato.
“Nunca negué que no sabía del parentesco de los contratados, solo declaré que en el momento de contratarlos desconocía que eran madre e hijo; pero posteriormente me enteré”, dijo la defensora separada.
Portugal declaró que la contratación de la empresa Innovación para el proyecto de consultoría se basó en los documentos presentados por el dueño de la misma, los cuales pasaron todos los filtros para acreditarle el contrato.
“Como se trataba de un proyecto para el mejoramiento de la imagen de la entidad, que desde hace 15 años no presentaba un cambio, no explicamos el monto específico de cada punto a trabajar, sino que se trabajó con un monto total”, resaltó la funcionaria.
Portugal recalcó que no tiene ningún parentesco con los propietarios de las empresas con quienes se firmó los cuestionados contratos. La Corte ordenó la suspensión de Portugal como defensora del Pueblo e impuso una medida cautelar de impedimento de salida del país, por el proceso que se le sigue por el presunto delito contra la administración pública, tras las polémicas contrataciones de dos empresas para el diseño de la página web de la entidad y capacitación del personal por casi medio millón de dólares.
