Diputados no muestran interés por Código Penal

Ni los altos salarios ni los B/.80 diarios en dietas por participar en las sesiones extraordinarias ni el sentido de responsabilidad por la labor que les impone la Constitución, parecen ser suficientes para que los diputados atiendan las sesiones de la Asamblea.
Para sorpresa de los grupos que acudieron ayer al hemiciclo legislativo, interesados en el proyecto de reformas al Código Penal, muchos diputados, principales y suplentes, "brillaron por su ausencia".
Otros, que se encontraban en el recinto, aprovechaban los momentos en que sus colegas hacían uso de la palabra para charlar con sus compañeros.
Todo esto sucedió ante la mirada atenta de un grupo reducido de mujeres y hombres que se oponen a la despenalización del aborto y que acudieron a la Asamblea para reafirmar su posición.
La diputada Elizabeth de Quiroz, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), durante su exposición, hizo un paréntesis para criticar duramente a sus colegas que "no acuden a las discusiones y que solo van a levantar la mano al momento de las votaciones".
"Aquí es que debiéramos estar los 78 diputados para discutir los polémicos temas como el aborto y la violencia doméstica", comentaba la diputada Quiroz, mientras la defensora del Pueblo, Mónica Pérez, quien también participó del debate, seguía atentamente sus palabras.
Al momento de la intervención de Quiroz, 54 curules estaban vacías. Algunos diputados se presentaron a la Asamblea horas después que el pleno fue convocado.
Solo se requiere la presencia de 18 de los 78 diputados para iniciar la sesión.
Durante la sesión de ayer, los miembros del pleno consideraron el Libro Segundo del Código Penal relacionado con la clasificación del catálogo de delitos, sanciones y agravantes.
En este punto se regulan las conductas delictivas contra la integridad de la persona humana, las nuevas formas agravadas del homicidio y de las lesiones personales (dolosas o culposas), las lesiones al feto así como el abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad y salud.
Además, se reubican los delitos contra la libertad e integridad sexual, la violencia doméstica, violación de domicilio o lugar de trabajo, tráfico y maltrato de menores, al igual que la explotación sexual comercial.
El proyecto de ley propone la pena máxima de prisión en 30 años, la cual puede llegar hasta los 35 años en caso de concurso delictivo.
Se tipifica el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Raúl Rodríguez, reiteró ayer que no tienen prisa para aprobar las reformas al Código Penal, como algunos grupos denunciaron.
Prueba de esto, según Rodríguez, es que aún falta por discutir dos bloques de artículos que podrían tomar bastante tiempo, porque necesitan aportes de la sociedad civil para enriquecer el proyecto.
Participaron en los debates la secretaria Anticorrupción, Alma Montenegro de Fletcher; la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, María del Carmen Roquebert y la Defensora del Pueblo, Mónica Pérez.
El Órgano Ejecutivo extendió, a partir de mañana hasta el sábado 24 de febrero, el período de sesiones extraordinarias.