El director de la Policía Nacional, Carlos Barés, viajó a Colombia para coordinar acciones de vigilancia en la frontera con ese país ante los reportes del constante movimiento de ilegales hacia territorio panameño, donde sostendrá conversaciones con organismos de los derechos humanos para esclarecer los hechos ocurridos con un grupo de desplazados que fue repatriado meses atrás y que denunció actos violentos en su contra.
Trascendió que Bares se reunirá con funcionarios de los estamentos de seguridad colombianos, para estudiar alternativas que permitan enfrentar las acciones de los grupos insurgentes que operan en ese sector y que utilizan Darién para evadir la justicia.
A la vez se informó que se esclarecerá la instalación de algunos puestos policiales cercanos a la frontera para evitar incursiones guerrilleras y contener el paso de indocumentados hacia Darién, algunos de los cuales llegan desde otros puntos de Suramérica.
También se conoció que se coordina el traslado de un grupo de 100 indocumentados colombianos que se encuentran en el área del Alto Tuira y que han mostrado su disposición de retornar a su país de manera voluntaria.
Sin embargo, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPH) denunció que las autoridades gubernamentales se aprestan a deportar de manera forzada a 84 familias colombianas que se encuentran en Jaqué utilizando los mismos métodos del pasado mes de abril.
Ricardo Castillo, representante de CIPH, denunció que el pasado 29 julio funcionarios de la Oficina Nacional para la Atención a los Refugiados (ONPAR), el Consulado y la Embajada de Colombia llegaron a Jaqué para realizar una reunión con los desplazados en la que se les instó a retornar a su país.
No obstante, aseguró que fueron los funcionarios de ONPAR los que les dijeron que todos tendrían que retornar a su país entre los meses de septiembre o diciembre, debido a que el gobierno no tenía fondos para seguirles atendiendo.
Señaló que cuando terminó la reunión los señores de ONPAR se quedaron entrevistando a algunas personas y advirtiéndoles que si no se iban ahora que podían llevarse todo, más tarde quedarían a órdenes de Migración y ellos no serían responsables de lo que sucediera y que aunque no quisieran retornar debían responder a un cuestionario que ellos portaban y firmar el documento.
Informó que la empresa SKANSKA canceló los gastos médicos para salvarle la vida al paciente, incluyendo su traslado a la ciudad capital. Sin embargo, las secuelas en el cerebro producto de la descarga eléctrica no se ven el primer año, sino a partir del tercero, cuando el déficit neurológico y en la memoria empiezan a manifestarse.
Pero el estado emocional es la parte más critica, que muchas personas nunca logran superar. Algunos tienden al suicidio, otros a cuadros depresivos muy agudos y tienen que estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.
La situación de su nueva vida es muy difícil, aseveró el doctor.
Ante el problema que presentó Roger y la falta de recursos económicos que le rodea, el médico especialista decidió asumir la responsabilidad legal de llevarle el caso como abogado litigante a solicitud de los familiares, porque fue una de las personas que vivió por tres meses continuos el caso.
Indicó que como representante de Acosta presentó las debidas reclamaciones a SKANSKA, ya que consideraba que no iba hacer necesario, porque la empresa informó a Riesgo Profesional los detalles del accidente.
Sin embargo, la empresa no quiso negociar para resarcir económicamente los daños que sufrió Roger y garantizarle una estabilidad económica, por lo que se entabló la correspondiente demanda, ya que lo ofrecido por la empresa eran cantidades ínfimas que no alcanzarían ni siquiera para que él viviera un año.
La demanda fue interpuesta por B/.3 millones. Ahora la empresa quiere demostrar que Roger es responsable del hecho, lo que es totalmente ilógico, expresó el galeno.
"Lo que se busca es mitigar el gran dolor que lleva por dentro, junto a su familia, que miran todos los días las secuelas de este accidente", detalló el doctor Roger Manuel Moreno.
El monto establecido busca resarcir el daño moral y mitigar en parte sus necesidades, precisó el defensor de Roger. Sin embargo, fue claro al señalar que la transnacional, a través de sus abogados, quiere hacer ver que Roger es el responsable, a pesar que la orden provino del capataz y el accidente ocurrió dentro de la empresa.
Están a la espera del fallo del Juzgado de Circuito Civil para que se defina si Roger necesita o no que se le otorgue una indemnización, ya que como doctor, como abogado y como ser humano considera que la cantidad solicitada es justa, a pesar que los daños son superiores a lo establecido.
Por su parte, Rols Masis, gerente de SKANSKA, lamentó el accidente que le ocurrió a Acosta y aseguró que ellos han tenido una comunicación continua con el afectado. Pero, considera que la demanda presentada está fuera de lo normal y por lo tanto las investigaciones corresponden a la compañía de seguros, para determinar la culpabilidad en el caso.
Dijo que en varios ocasiones trataron de llegar a un acuerdo con Acosta, pero el proceso legal impide la situación. Se ha conversado de varios tipos de indemnizaciones, pero no ha sido factible llegar a un acuerdo.
"Yo siento que el señor Acosta ha estado dispuesto a llegar a un acuerdo, pero lamentablemente hay otras personas que tienen influencias y no ha sido posible. Ahora están esperando lo que diga el juez en cuanto a de quién es la culpabilidad", dijo Masis.
A ser cuestionado sobre la posibilidad de que la justicia falle a favor de Acosta, señaló que el monto exigido es demasiado alto, que está dispuesto a pagar una cantidad inferior, pero tiene que esperar el fallo, porque en cada accidente hay parte y parte.
Admitió que es un trámite legal se seguirá y la empresa tiene que responder antes de retirarse, porque hay obligaciones contractuales que cumplir. Informó que la empresa permanecerá como unos tres años más en el país.
Sin embargo, Roger Acosta sin manos y sin un pies espera desesperado en su humilde hogar la decisión del Juzgado Civil, ya que considera que él no fue culpable porque nadie quiere morir electrocutado y mucho menos perder miembros importantes de su cuerpo. A pesar que la vida ha sido dura con él, quiere seguir viviendo.
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