La euforia por nuestra nueva democracia republicana nos ha proporcionado un nuevo lenguaje, entre los civiles y políticos, que cuesta darnos a entender. Y peor, llegar a acuerdos razonables en materia de manejo del Estado (que concierne a todos), sin antes formar una intensa alharaca decepcionante y deprimente, mientras dizque buscamos en el Universo una buena imagen para que los que tienen dinero vengan a invertir en Panamá.
La historia ha querido reinvindicarse con la independencia territorial plena. Sin embargo, queremos o necesitamos seguir atados a financieras internacionales para resolver problemas apremiantes de pobreza extrema y desocupación, a sabiendas que nuestra condición de país deudor desmesurado le da pie al acreedor para soberanamente intervenir y ordenarle al gobierno de turno cómo debe disponer de los más importantes servicios públicos. Con mucho disimulo pareciera que patrocinamos injerencias en nuestra libertad e independencia. Admitimos que como país necesitado tenemos que deberle plata a alguien, pero pareciera que es un negocio del que uno o muchos salen beneficiados. ¡Y de qué manera!.
Extraña que la clase política sea indiferente o se oponga a una nueva Constitución Política. En una nueva constitución, dada la experiencia de endeudamiento desmedido, se podría restablecer aquel principio que contenía la Carta Magna del 46, que obligaba al Ejecutivo a conseguir el consentimiento de la Asamblea Nacional para contratar préstamos. Debía especificar todos los detalles del contrato del préstamo, y de ser aprobado por el legislativo, obligaba a informar cómo se invirtió en la obra específica. De todos es sabido que, desde el golpe militar, el Ejecutivo contrata préstamos en forma indiscriminada sin el control legislativo.
Aun más, ministros de Estado, gerente autónomos y semi autónomos celebran contratos o convenios con empresas y empleados donde comprometen pagos e indemnizaciones, que reciben el visto bueno, si acaso, del Gabinete o Contraloría, sin aprobación del Legislativo, en donde por lo menos su pública lectura o discusión alertaría a los contribuyentes. Como consecuencia, a cada momento nos sorprenden los medios de comunicación con noticias de reclamos y pagos que obligatoriamente hace o debe hacer el Estado. Como que existe una bendecida generosidad del alto funcionario ejecutivo para comprometer y pagar el dinero que no le pertenece. En este caso no es pagar, sino regalar.
La política salarial para aplicar a los cargos más representativos se ha disparado sin control. Los viáticos o gastos de representación en esa misma esfera pareciera no tener techo. No pienso que un alto funcionario deba parecer menesteroso, pero en algún lugar debe aparecer por escrito, con letra y número, lo que le corresponde cobrar, sin ser injustos. De igual manera, debemos aprender a juzgar al funcionario no tanto por lo que gana, sino por el fruto de su rendimiento en el trabajo.
Una falta de conocimiento, o el cálculo político demagógico durante las campañas electorales por parte de los candidatos, nos pueden reservar largas angustias a todos los panameños cuando sin ton ni son se les hacen promesas a los electores que distan mucho de las posibilidades del bolsillo del Estado. Cuando la exigencia de cumplimiento a lo prometido sale a las calles a presionar, nos hemos acostumbrado a que el gobernante dirija su mirada a los prestamistas internacionales para tapar huecos. Y la deuda nada que baja, mientras gremios respetables como APEDE, grita que por ley se le ponga límites al endeudamiento del Estado.
Lo antes expresado, más lo que se me queda en el tintero por corresponder a otros temas, justifica que la clase dirigente política (gobernante y oposición) piense y actúe pronto, con lenguaje entendible, para reorientar al país con brújula común para los que sean electos para gobernar o administrar la cosa pública. Esa clase dirigente política ha utilizado siempre la perorata "de combatir la pobreza y el desempleo", y sin embargo, hemos entrado a un nuevo siglo con un pronunciado distanciamiento entre ricos y pobres, que pone récord entre naciones de América. Hacerse los orejas sordas puede complicarles sus status de privilegios como ha ocurrido en Venezuela. Los foros civiles en Panamá lo vienen anunciando y la gente de la calle habla de eso.
