La construcción de la carretera Boquete -Cerro Punta, a través del parque Nacional Barú, es viable, si se cumplen todas las medidas de mitigación y las recomendaciones de los conocedores y habitantes del área, aseguró Rodolfo Jaén, especialista de DAF Consulting, durante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental.
Para el técnico, es necesario cumplir con las medidas de mitigación para evitar la erosión o derrumbes que van a deteriorar la calidad del agua y del suelo.
Eduardo Quirós, ministro de Obras Públicas, sostuvo que la comunidad tendrá hasta el 9 de febrero para presentar sus observaciones a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
No obstante, los ambientalistas expresaron su insatisfacción con el documento presentado. Una de las voces que se dejó escuchar fue la de Ramón Ehrman, director del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Panamá, quien consideró que el estudio fue diseñado como si ya se fuera a construir la vía, pues no da alternativas.
Aseguró que se trata de un trabajo incompleto, desde el punto de vista estadístico y del método científico. Líder Sucre, presidente de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), consideró que la presentación fue muy pobre, y no se consideraron otras rutas. Admitió que pese a las deficiencias, son evidentes los daños que se podrían registrar con la obra.
Mientras tanto, Ricardo Anguizola, director nacional de ANAM, aclaró que están en período de evaluación y tomará en cuenta todas las opiniones recibidas.
Manifestó que el período de evaluación es de 30 días hábiles, pero serán muy estrictos, pues el estudio tiene que demostrar los elementos técnicos para plantear un rechazo, una aprobación o una medida de mitigación", agregó.
El foro estuvo a punto de empañarse con la retención de cinco ambientalistas, por llevar una bandera verde en el vehículo donde viajaban.
La Policía Nacional colocó retenes a lo largo de la vía que conduce a Boquete. Magalys de Vidal, una de las afectadas, explicó que viajaba de David y los agentes policiales le ordenaron quitar la bandera del auto. Como se opuso, los agentes escoltaron el vehículo rumbo a la cárcel de Boquete. Pasaron por cinco retenes, pero en el último les dijeron que había una contraorden y podían irse.
Dijo que la policía cuestionaba a todos los que se dirigían a Boquete, sobre su destino final, lo que coarta el derecho al libre tránsito y la libertad de expresión.
Jorge Fabián Gutiérrez, de la Defensoría del Pueblo, calificó como un exceso desproporcionado el envío de unidades antimotines a Boquete para vigilar un ejercicio público.
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