El presidente cubano, Fidel Castro, dio la bienvenida ayer a 18 jefes de Estado y de Gobierno a la IX Cumbre Iberoamericana, un foro que se ha visto ensombrecido por el protagonismo de grupos disidentes que se oponen a su gobierno comunista y cuyo compromiso final será el rechazo a las medidas extraterritoriales.
Vistiendo su característico uniforme verde olivo, Castro inauguró la cumbre en una ceremonia efectuada en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, que acepta estudiantes de toda América Latina y el Caribe.
En lo que pareció un indirecto ataque a los países industrializados, Castro criticó que no hubieran cumplido con todos sus compromisos de ayuda a la víctimas de estos desastres, en clara referencia al huracán Mitch.
En todo momento, Castro destacó la presencia del rey Juan Carlos de España, quien junto con su esposa la reina Sofía, son los primeros monarcas españoles en pisar la isla caribeña.
El veterano líder cubano no hizo referencia alguna a los encuentros celebrados entre grupos disidentes y tres de los mandatarios visitantes.
Esta es la primera vez que jefes de gobierno extranjeros se reúnen en territorio cubano con grupos de oposición al gobierno comunista.
Sin embargo, el tema de la disidencia no estará en la Declaración de la Habana, que será firmada hoy por los mandatarios y que rechazará nuevamente las medidas extraterritoriales como una legislación estadounidense que endurece el embargo contra Cuba, así como el llamado a tomar acciones financieras para evitar colapsos en las economías de la región.
Instará asimismo a fortalecer las instituciones democráticas, el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos, según el borrador de la Declaración de La Habana, al que tuvo acceso The Associeted Press.
Las libertades políticas y los derechos humanos son temas delicados para el presidente comunista Fidel Castro, ante las acusaciones de que en Cuba no hay apertura política ni libertad de expresión.
La declaración, que es suave en ese tema y le dedica sólo varias líneas, fue analizada ayer por los cancilleres de Latinoamérica, España y Portugal, quienes generalmente suelen hacerles algunos toques antes de que sea suscrita por los jefes de estado y gobiernos iberoamericanos.
El vicecanciller cubano Jorge Bolaños aseguró que la declaración llegó a los cancilleres "sin corchetes ni discrepancias", aunque fuentes diplomáticas dijeron a la AP que los coordinadores técnicos incluyeron al menos una propuesta chilena sobre la extraterritorialidad, que tiene que ver con el caso de extradición que enfrenta el ex presidente chileno Augusto Pinochet.
La declaración resalta "nuestro firme rechazo de todas las medidas de carácter unilateral y con efecto extraterritorial que son contrarias al derecho internacional y a las reglas de libre comercio".
Este rechazo no es nada nuevo e insiste particularmente en la ley estadounidense Helms-Burton, que trata de intensificar el embargo económico al gobierno de Castro, castigando a inversionistas y empresas de otros países que se beneficien con los bienes norteamericanos confiscados en Cuba.
España, con inversiones en Cuba por unos 200 millones de dólares, refuta esa ley y se expresa preocupada por las posibles sanciones norteamericanas, por ejemplo, contra la cadena hotelera Sol Meliá, que cuenta con dos de los hoteles más grandes en la isla caribeña.
México y Canadá, los otros grandes inversores en Cuba, también repudian esta legislación. Pero el asunto podría ir más allá en esta ocasión con la propuesta chilena que se incluyan unos párrafos más a la declaración y que señalen que acciones extraterritoriales "violan los principios que rigen la convivencia internacional y son contrarias al espíritu de cooperación y amistad entre nuestros pueblos", según dice la iniciativa.
La diplomacia chilena no menciona directamente el caso Pinochet, pero tácitamente la propuesta refleja el rechazo por la detención del anciano ex gobernante en Londres desde hace más de un año y la solicitud de extradición española para enjuiciarlo por violaciones de los derechos humanos.
El presidente chileno Eduardo Frei declinó asistir a la cumbre en protesta por las gestiones españolas, y el mandatario argentino Carlos Menem tampoco vino en solidaridad con su colega chileno.
En el plano económico, en que se centrará la discusión de los jefes de estado y gobiernos, la declaración insta a "reforzar la disciplina y transparencia financiera y bancaria, mantener políticas económicas y financieras sanas; promover el incremento de las tasas de ahorro interno y proseguir los cambios estructurales de nuestras economías".
Ese llamado es para evitar crisis en las economías emergentes de la región ante colapsos financieros internacionales, como sucedió recientemente tras las turbulencias en Asia, que afectaron a México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia.
La declaración pide una "nueva arquitectura financiera internacional que permita a nuestros países obtener los beneficios de la integración de los mercados de capitales y reducir sus riesgos".
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