Colombia sigue siendo el país más peligroso de América Latina para los profesionales de la información, puesto que cincuenta y siete periodistas fueron asesinados desde 1989, reveló el Informe 2000, sobre la Libertad de Prensa en la Comunidad Iberoamericana y en el resto del mundo, de Reporteros Sin Fronteras, sin embargo reconoció que en 1999 disminuyó sensiblemente la violencia que en años anteriores se ejerció contra la prensa de este continente.
El informe señala que en 1999 unos seis periodistas fueron asesinados en Colombia por motivos relacionados con sus actividades profesionales.
El documento resalta que por primera vez, desde 1996, no hubo que lamentar ningún asesinato ni en Brasil ni en México; no obstante, las violentas agresiones sufridas por algunos periodistas en estos dos países demuestran que la amenaza persiste.
De acuerdo con el informe, los atentados contra la libertad de prensa mediante amenazas, agresiones, acosos, detenciones y procesos contra los periodistas pueden emanar de simples funcionarios o representantes políticos locales deseosos de conservar su poder, o bien pueden ser el fruto de la política deliberada de un Estado que quiere amordazar a los oponentes políticos como ocurre en Cuba y en Perú, aunque en menor medida.
El documento aclara que en América Latina no sólo los poderes políticos ejercen presiones sobre la prensa, ya que siguen habiendo grupos armados opuestos al poder político, milicias paramilitares y cárteles de narcotraficantes que no vacilan en agredir a los periodistas cuyas ideas o revelaciones perjudican sus intereses.
En ese sentido, Colombia es un triste ejemplo de esta situación, puesto que 1999 se caracterizó por una exacerbación del conflicto entre el ejército, la guerrilla y los paramilitares, y estos últimos han manifestado su descontento por las negociaciones entabladas entre el gobierno y la guerrilla "con ataques a los periodistas que apoyaban el proceso de paz".
Estos ataques trajeron como consecuencia, agrega el informe, el asesinato del periodista Jaime Garzón, otros seis periodistas optaron por salir del país ante las amenazas repetidas de estos grupos, a los que se le imputaron tres de los seis crímenes registrados en Colombia.
Por otra parte, indicó, la guerrilla declaró "objetivos militares" a los periodistas que presuntamente apoyan a los grupos paramilitares y no vaciló en secuestrar a 14 profesionales de la información para obtener más audiencia de la opinión pública.
El informe de "Reporteros Sin fronteras" también hace referencia a otros países donde los autores de los asesinatos de periodistas suelen disfrutar de una impunidad persistente y aunque a veces se arresta a los ejecutores de esos crímenes, por ejemplo en Argentina y Brasil, a sus instigadores se les suele importunar en muy escasas ocasiones.
En el caso de Guatemala, el informe denuncia las agresiones y amenazas de que fueron objeto cinco periodistas por haber criticado en sus artículos a Alfonso Portillo, el candidato del frente Republicano Guatemalteco.
En México, aunque no hubo asesinatos que lamentar, las amenazas y agresiones contra el director del semanario Pulso, ponen de manifiesto que corren riesgo de perder la vida todos los que "investigan sobre el narcotráfico" y sus ramificaciones en la administración.
El documento reconoce que en Perú se registro una leve disminución de las amenazas e intimidaciones imputables por regla general a los servicios secretos, sin embargo, parece ser que el gobierno utiliza la publicidad oficial como una arma de chantaje para poder consolidar su control sobre la televisión.
En Cuba, el régimen considera a los periodistas independientes "mercenarios del imperialismo americano" y sigue reprimiéndolos, con el resultado de que cuatro de ellos fueron encarcelados, cuatro más se vieron obligados a exiliarse y 50 fueron arrestados.
El informe señala que en el continente, a pesar del establecimiento de regímenes democráticos, la libertad de prensa se ve amenazada por algunas leyes que datan de la época de las dictaduras en algunos casos.
Tal es el caso de Chile, donde se aplica la "ley sobre seguridad del Estado", en Venezuela, la nueva Constitución, iniciativa del Presidente Chávez, estipula que la información debe ser "oportuna, verídica e imparcial" y en Brasil, un proyecto de ley prevé penas de cárcel a los periodistas por delitos de prensa.
Para Reporteros Sin Fronteras, en Panamá la situación mejoró luego de haberse abolido algunas de las "leyes mordaza" adoptadas por los regímenes militares en los años setenta y que preveían el cierre de periódicos por delitos de prensa.
