El Ente Regulador de los Servicios Públicos reveló ayer que no se sancionará a los responsables del colapso que sufrió a principios del mes el sistema eléctrico nacional, ya que la investigación realizada determinó que no existen pruebas concretas que determinen que existió algún grado de irresponsabilidad o negligencia en este hecho, que generó pérdidas millonarias al comercio y la población en general.
"El hecho de que una persona haya tenido un daño determinado por esta situación, no quiere justificar la aplicación de una sanción", expresó el comisionado del Ente Regulador, Rafael Moscote.
Mencionó que aquellos usuarios que se vieron afectados con los apagones y que se les compruebe que sus electrodomésticos o equipos se dañaron producto de esta situación, serán indemnizados si han cumplido con todos los requisitos que exige la ley.
Moscote informó que la entidad no está en la disposición de buscar culpables, sino de enumerar una serie de recomendaciones y con ello establecer mecanismos precisos para evitar que se sigan dando este tipo de situaciones, que reconoció que por su magnitud son perjudiciales para la economía nacional.
Para ello, el Ente Regulador optó por contratar a tres firmas consultoras las que evaluaron y examinaron los aspectos relacionados con los apagones registrados el 5 de julio y el pasado 2 de agosto.
El estudio hecho por las firmas consultoras recomienda realizar un áudito operativo al sistema integrado de transmisión y del centro nacional de despacho, para que a mediano plazo se optimice la operación y funcionamiento de la red, por lo que se espera que se acaten las acciones descritas por el informe para mejorar el servicio y evitar este tipo de contratiempos.
Esta investigación se ejecutó luego del colapso energético y en la misma se determinó además que la interconexión con la región centroamericana ocasionó el daño al sistema nacional, contrario a lo que se estimaba, de que fue producto de alguna falla en la base central.
Las declaraciones de Moscote se dieron en un encuentro entre los directivos de este organismo y los representantes de las empresas generadoras, de transmisión y las distribuidoras, las que fueron puestas al tanto de las recomendaciones hechas en el informe.
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