La Universidad de Panamá fue autorizada ayer por el Órgano Ejecutivo a cobrarle a quien tenga obligaciones de plazo vencido con la institución, a través de un juez ejecutor.
Es decir, se iniciará la jurisdicción coactiva, por lo que el principal centro de estudios superiores del país tendrá un mecanismo expedito que le permita hacer el cobro de sus obligaciones.
La Ley 11 de 8 de junio de 1981 en su artículo 66, establece que la universidad queda investida de jurisdicción coactiva para el cobro de estas obligaciones.
Por tal razón, el rector Gustavo García de Paredes resolvió delegar el ejercicio de la jurisdicción coactiva en los abogados Mónica Ivankovich y Arcadio Máximo Martínez, funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica de la universidad.
Ambos trabajadores ejercerán el cargo de juez ejecutor, quienes desempeñarán sus funciones conforme al procedimiento establecido en el Código Judicial y demás normas concordantes.
