Los dueños de embarcaciones pesqueras, siguen oponiéndose firmemente a la adquisición del dispositivo de seguimiento satelital, que permite contrarrestar el narcotráfico en alta mar, la pesca industrial en áreas prohibidas y la trata de personas.
Aún cuando un decreto ejecutivo y un resuelto de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) establecen la "obligatoriedad" de esta herramienta, solo dos embarcaciones pesqueras, de un total de 180, cuentan con este dispositivo.
Esta situación, según Alejandro Maguire, gerente de Sitrack.com , que provee el sistema, levanta suspicacia, principalmente cuando hace unas semanas en uno de estos buques, las autoridades policiales encontraron trazas de cocaína.
El pasado 17 de julio, el director de la ARAP, Reynaldo Pérez Guardia, advirtió que todas las embarcaciones de más de seis toneladas debían disponer del sistema para evitar ser multados, sin embargo, siguen zarpando en clara violación a la norma.
Supervisión.
Esta herramienta permite al Servicio Marítimo Nacional, y en un futuro al Servicio Aeronaval, determinar cómo se están moviendo los barcos respecto a las rutas identificadas donde transitan las lanchas rápidas que transportan sustancias ilícitas.
Asimismo, el dispositivo permite a la ARAP tener mejor control, en tiempo real, sobre las rutas que recorren los barcos y su velocidad, a fin de determinar si invaden áreas prohibidas.
Panamá América intentó conocer ayer la versión de la ARAP sobre el particular, pero fue infructuoso.
Costos.
El gerente de Sitrack.com descartó que el costo del dispositivo sea la causa del descontento de los armadores, pues aseguró que Panamá es el único país donde hay un financiamiento para adquirir el equipo hasta 48 meses.
El equipo tiene un costo al contado de B/ 2 mil, y la mensualidad por comunicaciones y uso de satélites alcanza los B/ 200 para cada buque.
"Teniendo en cuenta la situación actual de la industria pesquera, se han llevado a cabo diseños técnicos y financieros tendientes a lograr los mejores precios en equipamiento, comunicaciones y servicio", reafirmó Maguire.
Esta empresa inició operaciones comerciales en Panamá en diciembre pasado y es poco lo que ha facturado.
El empresario denunció que son los propietarios de barcos que integran la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), quienes se oponen a la instalación del equipo.
