A pesar de que el contralor Carlos Vallarino refrendó por insistencia el contrato directo suscrito por el Tribunal Electoral (TE) y la empresa L-1 Identity Solutions para proveer un nuevo sistema de identificación ciudadana, el enfrentamiento entre ambas entidades no cesa.
En una nueva carta-respuesta de seis páginas, el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, calificó de "infundadas" las últimas aseveraciones del contralor Vallarino en el sentido de que se vio obligado a refrendar el documento, cuando lo aconsejable era realizar un nuevo acto público con la participación de varias empresas.
El magistrado Pinilla acusó al jefe de las finanzas públicas de recurrir a los medios de comunicación social "insistentemente" para divulgar las comunicaciones antes de que lleguen al TE.
A su vez, le recordó que la contratación directa se hizo luego de agotar el procedimiento ordinario de licitación que concluyó con un "exabrupto" del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en la que se pretendía adjudicar el acto a SAGEM, quien incumplió el pliego de cargos.
"Según nuestras previsiones, este proyecto debió ejecutarse en 2004 o a más tardar en el 2005, pero usted continúa dudando de la urgencia notoria del mismo", destaca la carta.
La misiva da respuesta a la que le fue enviada el 31 de enero pasado donde el contralor Vallarino, además de refrendar el contrato, puso en tela de juicio el argumento de los magistrados de que se han ahorrado B/.2 millones al contratar la firma L-1, ya que los pliegos utilizados no son iguales.
En ese sentido, el magistrado Pinilla ripostó diciendo que "el contralor no parece valorar nuestra decisión valedera para lograr ahorros para el Estado y pareciera preferir que las entidades públicas sigan dependiendo tecnológicamente de los proveedores".
Vieja disputa.
Incluso el magistrado presidente del organismo electoral le recordó al jefe de las finanzas públicas que en 1991, el TE fue la primera institución en abandonar el uso de equipos y sistemas "propietarios" para introducir el uso de la "Arquitectura Abierta" en el sector público, logrando ahorros millonarios.
"Recordamos que esa innovación fue posible luego de un enfrentamiento con la Contraloría que propugnaba el statu quo y se oponía rotundamente al cambio que propugnaban los magistrados del TE", dice el documento.
A su vez, advierte que una vez superado el obstáculo de la Contraloría las instituciones siguieron su ejemplo.
Sarcasmo.
Uno de los impedimentos al refrendo que expuso Vallarino fue que no se explicó por qué, con relación a los equipos periféricos, se exigía en el pliego original que no tuvieran más de tres años de haber sido liberados al mercado.
Sin embargo, en el nuevo pliego se establece que no pueden ser modelos descontinuados.
A esta inquietud el magistrado Pinilla respondió sarcásticamente. Dijo que los equipos periféricos se refieren a los usados para la obtención de imágenes y que en el nuevo pliego de cargos se deja constancia que deben ser de revisiones recientes.
"Esto lo que quiere decir es que no pueden ser equipos viejos y obsoletos como le preocupa a usted. Lo viejo no se adquiere fácilmente en el mercado porque ha sido sustituido por lo nuevo", dice la carta.
Finalmente, el magistrado presidente del TE lamentó que el contralor se haya dejado llevar por las opiniones "subjetivas" de sus subalternos y asesores y por no mantener la discusión a nivel ejecutivo.
