Aunque no hubo consenso en la reunión de ayer, los concejales capitalinos le propusieron a los empresarios postergar la entrada en vigencia de las nuevas reformas tributarias en el distrito de Panamá y la creación de una comisión bilateral que analice el tema.
La propuesta la lanzó el presidente del Consejo Municipal, Quibián Panay, quien mostró su interés de reunir a todos los sectores involucrados en una comisión técnica que esté integrada por el personal de la Alcaldía de Panamá, del Consejo Municipal y de la empresa privada.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Fernando Arango, informó que la propuesta será llevada a los miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada para que tomen una decisión. Sin embargo, advirtió que la posición de que el acuerdo se derogue se mantiene.
Argumentos.
Durante la reunión, los seis gremios empresariales que representan al Consejo de la Empresa Privada rechazaron el Acuerdo Nº 162, que modificó el régimen tributario, tras considerarlo “injusto” e “inconsulto”.
Elisa Suárez, del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, manifestó que aunque las autoridades municipales insisten en que solo un 15% pagará más impuestos, el otro 85%, que es la mayoría, quedará en desventaja porque sí sentirán el aumento.
La empresaria citó como ejemplo el costo de las viviendas que oscilan entre los B/30 mil, pues dijo que con las nuevas modificaciones este precio dejaría de existir.
En tanto, Felipe Chen, de la Asociación de Propietarios de Inmuebles, coincidió en que la pintura y el costo de los alquileres también se incrementaría si el acuerdo municipal se mantiene.
Acuerdo se justifica.
Mientras que los empresarios rechazan el alza, el asesor de la Alcaldía de Panamá, José Isabel Blandón, justificó el aumento, al asegurar que la medida se tomó para mejorar el presupuesto del Municipio, que el año pasado terminó con un déficit.
En su intervención ante los ediles y empresarios, Blandón agregó que lo que se tributa actualmente es “insuficiente” para sacar dinero para construir nuevas instalaciones deportivas y recreativas, que desde hace 10 años no se construyen.
Otra de las propuestas que se le haría a los empresarios, según el funcionario, es la de establecer topes de manera temporal -por algunos años- con la finalidad de que el efecto no sea “tan dramático”.
La Federación de Cámaras de Comericio Industrias, Agricultura y Turismo emitió ayer un comunicado en el que consideró que la medida es “inconsulta, nefasta e irracional” y que el aumento tendrá su efecto cascada, ya que los mayoristas de la capital suplen al resto de las provincias, en este caso con el agravante de los costos. Además, advirtió que es negativo para la economía, genera inseguridad jurídica y frena el clima de inversión en todo el país.
