El 21 de agosto de 2005, llegó al despacho del Ministro Miguel Ángel Cañizales la primera nota enviada por la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (UNCEP), donde le hacían saber que el tema económico estaba sacudiendo las finanzas de varios planteles.
Los agremiados indicaron que debido al "abrupto e inesperado aumento, sería absolutamente imposible trasladarlo en su totalidad a los costos de colegiatura de los padres de familia".
Explican además, que los colegios particulares han sufrido "duros golpes en lo económico debido, entre otras causas, al nuevo sistema de cálculo del impuesto sobre la renta, sobre los ingresos brutos, la eliminación de las exoneraciones del impuesto sobre inmueble a cambio de becas, el aumento del salario mínimo, los costos mayores del seguro social, los cada vez más altos precios de la tarifa eléctrica y del combustible, además de las erogaciones financieras debido al aumento de las tasas de interés".
La carta advierte que "la situación es tan delicada que algunos representantes de colegios ya han informado que dependiendo de las soluciones conjuntas que se puedan implementar o no, decidirán si cierran sus puertas el año próximo (2007)".
Ocho días después hubo una nueva reacción, esta vez con propuestas. La UNCEP sugirió como alternativas:
1. La creación de un subsidio educativo equivalente a lo que representa el aumento del costo patronal o una proporción del mismo, siempre y cuando no haya aumento de los costos de la colegiatura para los padres y madres de familia, es decir, menor al monto total que equivaldría trasladarlo a los acudientes.
2. Modificación de la ley fiscal, a fin de que nuevamente sea posible que a cambio de becas cedidas al MEDUCA o al IFARHU, se exoneren del pago del impuesto de inmueble a las propiedades donde están ubicados, como establecía la norma antes de las recientes reformas.
3. El pago por parte del Estado de los cupos vacantes en los colegios particulares que estén en esa situación para que sean ocupados por niños y jóvenes que de otro forma accederían al sistema de educación oficial.
4. La deducción del impuesto sobre la renta a los padres de familia o acudientes que prefieran la oferta educativa particular por un monto similar al que invierte el Estado de tener que incorporarlos al sistema de educación oficial.
Pero, no se limitaron a misivas para el MEDUCA. El 15 de septiembre el Presidente Martín Torrijos fue notificado de lo que ocurría.
Panamá Américaconversó con Nivia Rossana Castrellón, Presidenta de UNCEP, quien fue más allá.
Ella cree que la "situación se va a poner muy dura. Viene el aumento de la luz y no hemos tenido respuesta del Gobierno (sobre el tema económico). Los colegios han tenido una situación de zozobra y ya ha habido éxodo hacia el sector oficial".
Castrellón advierte que viene más presión para el sector oficial, porque va a haber un incremento de la matrícula oficial y no hay infraestructura.
"La crisis en el sector oficial se ha trasladado al sector educativo privado. Al final vamos a terminar dejando sin esperanza a los niños y jóvenes de este país, porque si hay una esperanza para ellos es la educación particular", agregó.
Los 104 mil 489 estudiantes que atiende el sistema educativo particular a través de 965 planteles educativos del subsistema regular y no regular con 8 mil docentes, representa un ahorro de aproximadamente B/. 46 millones anuales para el Estado.
