Aproximadamente 400 educadores protestaron ayer en Colón por la manera en que el Ministerio de Educación ha organizado los seminarios de capacitación a docentes y que según éstos no están llenando los cometidos esperados.
La protesta recorrió las calles de la ciudad y en primera línea estaba la dirigente Enelda Rosales, quien indicó que la lucha se realiza para que los seminarios sean de calidad y no se presenten las irregularidades que se han registrado con la ausencia de facilitadores, material didáctico y otras observaciones que le han formulado a las autoridades de educación.
Rosales señaló que algunos facilitadores manifestaron que no se les capacitó adecuadamente para impartir los métodos que deben mejorar la calidad de enseñanza en los estudiantes y nutrir a los docentes con nuevos conocimientos.
Un grupo de educadores denunció que fue el mismo lunes que llegaron al centro educativo que se les asignó para los seminarios, cuando se buscó a los facilitadores para que iniciaran la capacitación.
La dirigente Rosales manifestó que nunca estarán de acuerdo con la Ley 8, porque "cercena" el derecho que tiene todo educador de retirarse a tiempo de su profesión, y mencionó que continuarán con sus métodos de lucha para volver a rescatar esta conquista.
Otro de los puntos que preocupa a los educadores de Colón es la condición que se presenta en los centros donde se dictan los seminarios, mencionó Alvaro Del Cid, de MOGREGO, que denunció el estado de los servicios sanitarios del Colegio Rufo Antonio Garay.
Del Cid cuestionó la manera en que algunos colegios realizan el proceso de matrícula para el año lectivo 1998, en donde existen centros que cobran más alto que otros, a pesar de los señalamientos del ministro Pablo Thalassinos, quien negó que se exija el pago de las matrículas en los colegios y escuelas públicas.
Sin embargo, los padres de familia han indicado que desconocen el destino de los fondos que adquieren las asociaciones y qué uso se le da a estos dineros, porque nunca se brinda un informe y siempre a mediados de año se le solicita una cuota de 25 centésimos a cada estudiante para pintar las aulas de clases, cuando los fondos deben utilizarse para este propósito.
