La creación de las bases aeronavales en Panamá siempre estuvo marcada por una interrogante: ¿está Estados Unidos detrás de estas operaciones?
El tema generó una gran polémica por parte de grupos nacionalistas, grupos estudiantiles y sindicatos, en su momento.
Pero hoy la incógnita parece haberse despejado. Un cable enviado el 9 de noviembre de 2009 por la Embajada de Estados Unidos a Washington, el cual fue filtrado a Wikileaks, reveló que la misión diplomática fue quien propuso la construcción de una primera base aeronaval en Puerto Piñas Darién para combatir al narcotráfico y debilitar a las FARC.
Las opciones estaban abiertas a expandir el proyecto a otros puntos del país posteriormente.
Para esa fecha la embajadora Barbara Stephenson notificó que estaba a la espera para ayudar con el entrenamiento y apoyo logístico al Gobierno de Panamá, incluyendo la construcción del muelle, centro de operaciones y cuarteles de ser necesario.
Ello incluía financiamiento a través de los programas del Comando Sur y otros estamentos del gobierno estadounidense.
La propuesta de Estados Unidos era clara en el tema del personal que se encargaría de las bases: la fuerza de trabajo marítimo debía ser 100% panameña.
Sin embargo, Stephenson señaló que declaraciones dadas por el ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, de que las bases iban a ser una operación en conjunto con Estados Unidos, habían complicado las tareas para desarrollar el proyecto.
Incluso la embajadora cita en el cable la discusión del vicepresidente Juan Carlos Varela y el activista nacionalista Julio Yao quien denunció las intenciones de Estados Unidos de instalar bases en Panamá.
Para ese entonces se daba un debate regional por las bases que Estados Unidos también quería desarrollar en Colombia.
Por ello Stephenson señaló que la embajada debía manejar el tema “con cuidado, asegurándose que sea visto como una iniciativa panameña, para evitar mayores acusaciones de que Estados Unidos tiene intenciones militares en Panamá”.
Ayer el viceministro de Seguridad, Alejandro Garúz, aceptó que Estados Unidos ha participado en el entrenamiento a personal panameño que opera estas bases.
Sin embargo, negó que el gobierno estadounidense o el llamado Comando Sur haya tenido participación en la construcción de las bases.
Señaló que si Estados Unidos desea dar alguna donación, lo anunciarían en su momento.
La ruta de la droga.
En 2009, Estados Unidos reportó que el tráfico de drogas por Panamá se había triplicado, es decir, más del 25% de toda la cocaína que llegó a México transitó por aguas panameñas.
Ello se debía, de acuerdo con Estados Unidos, a que las instituciones de combate al narcotráfico en Panamá eran “rampantemente corruptas” y que finalmente el Gobierno de Martín Torrijos se dio cuenta que estaba perdiendo el control.
En el reporte, Stephenson también reveló que la sección de narcóticos de las embajada de Estados Unidos fue quien ayudó a la Policía Nacional a crear una Unidad de Mantenimiento y Operaciones Fluviales tomando en cuenta el escándalo en que estaba envuelto el director Servicio Marítimo Nacional, Ricardo Traad.
Stephenson aseveró en el cable que Traad “colaboraba activamente con los traficantes de drogas”.
Pero la embajada sostiene que esta unidad dentro de la Policía Nacional se pensó como un recurso provisional, hasta que fuera superada la crisis del Servicio Marítimo.
Por ello, Torrijos decidió más tarde fusionar el Servicio Aéreo Nacional con el Servicio Marítimo, creando el Servicio Nacional Aero Naval.
Ello dio paso en el actual Gobierno a la creación de cuatro bases aeronavales. En octubre de 2009, Mulino anunció que serían establecidas en: Puerto Piñas, Punto Coco e Isla Chapera en el archipiélago de Las Perlas, y Rambala en Chiriquí Grande.
