El empresario Roberto Eisenmann se resistió ayer a reconocer cualquier deuda con el fisco nacional y se aferró a señalar que detrás de la auditoría en contra de su empresa Desarrollo Golf Coronado hay persecución política del Gobierno.
“Ningún centavo deben mis empresas”, dijo Eisenmann, quien destacó que puede dar seguridad de ello porque siempre ha contratado a los mejores asesores fiscales y auditores. Sin embargo, admitió que después de una auditoría “siempre saldrán cositas”.
“Uno tiene que aceptar que el equipo se puede equivocar en A o B cosa, eso siempre ocurre”, afirmó Eisenmann, pero dijo que en este caso existe un comportamiento contable inaceptable.
Ello contrasta con la versión del director General de Ingresos, Luis Cucalón, quien manifestó que la auditoría a Desarrollo Golf Coronado forma parte de un plan de control a todas las empresas grandes de Panamá para certificar que pagan sus impuestos.
“No se puede decir que cobrar impuestos es ir en contra de la libertad de expresión”, aseguró, al tiempo que añadió que en las auditorías no se están inventando cifras ni tratando de cobrar de más.
Hasta ahora Eisenmann no ha sido notificado del alcance fiscal, pero el empresario se adelantó que tiene información que la cifra será por 1.5 millones de dólares y que la intención del gobierno es secuestrarle la empresa.
En medio de la polémica, el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) se involucró ayer en el tema en defensa de Eisenmann.
El secretario general del PRD, Mitchell Doens, mostró un correo electrónico - de marzo pasado- en los que supuestamente el mandatario Ricardo Martinelli indicó que la DGI ya estaba auditando las compañías de Eisenmann, al que se refirió -en el correo- con un fuerte insulto y lo calificó de “defraudador”.
Según los documentos presentados por Doens, el mandatario intercambió correos con el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, y Astrid Salazar, directora de Publicidad del Estado, en los que hacía señalamientos en contra del empresario.
El ministro de la Presidencia se limitó a decir que no podía dar declaraciones debido a que hay una investigación en el Ministerio Público en torno al “hackeo” a las computadoras de la Presidencia.
Quien no dudó en emitir señalamientos en contra de la directiva perredista fue el diputado oficialista Marcos González, quien aseguró que el PRD no tiene moral para hablar de “espionaje telefónico”.
Aseguró que en el país hay nacionales y extranjeros dedicados a “piratear”, pinchar llamadas y hurgar las computadoras para perjudicar.
