Ejecutivo insistirá en reformar la Ley 40

Pese a que el Consejo de Gabinete aprobó una partida de B/. 3.8 millones para la ejecución de la Ley 40 o de Responsabilidad Penal para los Adolescentes, el Organo Ejecutivo insistirá en modificar esta norma, advirtió ayer la ministra de la Juventud y la Familia, Alba Tejada de Rolla.
Dijo que en su opinión uno de los elementos básicos que deben ser modificados es el que trata sobre la detención preventiva que actualmente es de un máximo de dos meses para los menores que incurran en homicidio o cualquier otro delito.
Rolla expresó que en Panamá todo el mundo sabe que una investigación penal no concluye en dos meses, razón por la cual es necesario que se modifique este período para que haya el tiempo que se requiere.
No obstante, manifestó que de ninguna manera puede estar de acuerdo con el planteamiento de que incrementar las penas puede constituirse en la solución al problema de la violencia juvenil, pues se ha demostrado en otros países que eso no lo resuelve.
Señaló que si se llega al consenso de que hay que revisar la Ley 40 para modificar éste y otros aspectos, ella sería la primera en apoyar una moción al respecto, siempre y cuando todos los sectores estén de acuerdo.
De Rolla afirmó que el Ejecutivo todavía hace los análisis para determinar cuáles son los aspectos que hay modificar a fin de que la Ley 40 sea adecuada a la realidad que vive el país actualmente.
El legislador arnulfista, Marcos González, presentó la semana pasada ante el pleno de la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley mediante el cual se aumenta hasta doce años la pena para los menores de edad que incurran en delitos graves, entre estos el homicidio doloso y el tráfico de drogas.
La misma propuesta establece que la prisión preventiva para los menores será hasta de un año mientras se adelantan las investigaciones.
En tanto, el Órgano Judicial decidió crear cinco juzgados penales de adolescencia y uno de cumplimiento, y el nombramiento de 9 defensores de oficio, tras la asignación de B/.1.5 millones para iniciar la ejecución de la Ley 40.
De acuerdo con informaciones de esta organización, luego de un análisis de necesidades más urgentes, tomando en cuenta el mejor uso de estos recursos, se determinó la creación de los juzgados según la cantidad de casos presentados en cada provincia.
Los nuevos Juzgados de Adolescencia estarán ubicados en: dos en la ciudad de Panamá, uno en San Miguelito, La Chorrera y Colón.
Los B/.3.8 millones asignados entre las diferentes entidades involucradas en la implementación de la Ley 40, permitirán crear ciertas estructuras indispensables para dar cumplimiento a la citada ley.
El Órgano Judicial tiene previsto incorporar al régimen de responsabilidad penal de los adolescentes, al resto de las provincias en los próximos dos años.
Después de ingentes esfuerzos, finalmente se ha cristalizado la solicitud para la creación de estos despachos judiciales.
La próxima semana el tema será sometido a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Para el abogado Ramón Alemán, especialista en Derecho de Niñez y Adolescencia, la aprobación de 3.8 millones de balboas no parecen ser suficientes para una adecuada y debida implementación de la ley.
Señala que si se modifica la Ley 40 y aumentan las penas, los recursos asignados tendrían entonces que duplicarse, porque simplemente van a ser mucho más las detenciones, y este dinero no va a cumplir su cometido.
Por otro lado el Órgano Judicial elabora un plan estratégico de desarrollo institucional, con el propósito de producir una mejora sustancial en el servicio de administración de justicia de manera que se identifique claramente sus objetivos, prioridades, tareas y proyectos en los que la institución debe concentrar sus recursos.

Este ejercicio permitirá conocer datos para el ordenado desarrollo de la institución, en aspectos tales como: cuántos tribunales le faltan al país por región y jurisdicción, cuál es el perfil de los funcionarios que se requieren, qué tipo de capacitación debe impartírseles a los servidores judiciales, y la inversión requerida para el logro de este propósito.
Próximamente, el Órgano Judicial estará entregándole al país el resultado de este proceso de cambio que es respaldado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).