Una orden presidencial publicada la semana pasada en Gaceta Oficial podría convertirse en el nuevo escándalo del gobierno panameñista.
Se trata del Decreto Ejecutivo N° 5 del 27 de enero de 2015, por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo N° 9 del 7 de febrero de 2006.
El cambio a la norma radica en traspasar dineros del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (Fece) y del Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe) a juntas comunales, alcaldías y gobernaciones.
El recurso, en principio, ha tenido como administradores a los directores de los planteles para que lo inviertan en infraestructura educativa.
Sin embargo, con la modificación, estos dineros quedarían a merced de los gobiernos locales, que ahora tienen permiso presidencial para disponer del recurso.
La nueva norma establece que para el manejo de este patrimonio “se contará con la cooperación del gobernador de la respectiva provincia, los alcaldes y los representantes de corregimientos que corresponden” (ver facsímil).
Sin embargo, analistas y representantes de la sociedad civil tienen otra perspectiva.
A juicio del excandidato presidencial Juan Jované, la modificación del decreto es una infamia y una pantalla de Varela para continuar con el clientelismo político. “Traspasar esos fondos tiene un fin político; lo que están tratando de hacer es darle recursos a quienes manejan esas juntas comunales”, planteó.
Otra duda que plantea Jované es cómo se va a definir la repartición y la inversión de esos fondos.
“Se supone que lo están trasladando para que ellos (alcaldes y representantes) hagan obras en las escuelas, pero ¿quién nos garantiza que va a privar el interés del colegio y no el del alcalde?”
Por su parte, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal asegura que esta administración debe ofrecer una buena explicación del porqué se aprueba un decreto de esa índole en momentos en que la población está distraída con los procesos que se abren contra exfuncionarios de la pasada administración.
“En primer lugar, me parece que son decisiones que no deberían darse de espaldas a la ciudadanía. Por otro lado, considero que detrás hay un propósito político porque son una especie de partidas circuitales disfrazadas”, señaló Bernal.
Los gremios educativos tampoco calificaron de buena forma la acción del Ejecutivo.
En este sentido, Diomedes Sánchez, de la Asociación de Profesores (Asoprof), manifestó que ya se comunicaron con la ministra Marcela Paredes de Vásquez, y que la próxima semana se reunirán con ella para hablar del asunto, porque no los consultaron.
“El decreto lo vamos a adversar apenas regresemos a las escuelas. Ese fondo pertenece a los estudiantes y no a los alcaldes”, apuntó Sánchez.
