El Ministerio Público anunció el cierre de las investigaciones del caso de las escuchas telefónicas en medio de dudas sobre la forma como se han obtenido las pruebas para mantener bajo detención a dos funcionarios del gobierno pasado y ordenar la captura de otros dos agentes del Consejo de Seguridad (Ronny Rodríguez y William Pittí).
La manzana de la discordia está en el seudónimo de “Didier”, nombre utilizado en un correo electrónico del cual se obtuvo la información de las supuestas escuchas telefónicas a 150 personas de la vida pública del país, entre los que se menciona al propio presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Panamá América tuvo acceso a la declaración jurada que diera el presidente Varela a su llegada a la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, el pasado 26 de marzo.
Varela dejó constancia en su declaración jurada de que en el correo electrónico brad.pty507@gmail.com había información de conversaciones personales que había sostenido con colaboradores de su campaña.
También se conocieron las declaraciones juradas dadas a conocer por agentes del Consejo de Seguridad que actualmente laboran en la entidad y quienes corroboraron que “Didier” es más que un correo electrónico; aseguran que este seudónimo e Ismael Pittí son la misma persona.
Ismael Pittí es el exagente del Consejo de Seguridad, con el rango de cabo segundo de la Policía Nacional, que había sido reportado como desaparecido a inicios de este Gobierno por el abogado Alejandro Pérez.
Es el mismo uniformado que según Pérez, habría colaborado posteriormente como testigo protegido y por ello fuese beneficiado con un cargo diplomático en los Estados Unidos, cobrando viáticos por el orden de 10,000 dólares mensuales, cuando su sueldo de cabo es de 750 dólares.
Fue Didier o Ismael Pittí el testigo clave que, a juicio de Pérez, produjo la detención en horas de la madrugada de Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.
Otro elemento al que tuvo acceso Panamá América es que Ismael Pittí fue citado por Ricardo Muñoz, fiscal adjunto contra la Delincuencia Organizada, para que rindiera declaración jurada en este caso.
La información se desprende de una nota que el fiscal enviara el 17 de marzo de 2015 al director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, para que la unidad policial se presentara al despacho de instrucción.
Un día antes, el 16 de marzo, el fiscal Ricardo Muñoz había solicitado información al fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, quien fue el que inició estas sumarias, sobre el testigo protegido, porque había la intención de que se presentara a la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada para una declaración de repregunta.
A juicio de Roiner Ortiz, abogado de Gustavo Pérez, existe una clara injerencia del poder ejecutivo en este expediente, porque se han formulado cargos de manera selectiva y se ha impedido el derecho a la defensa de los imputados.
