En la comunidad de El LLano, en Chepo, la evidencia de una tragedia que marcó la vida de 138 familias por la inundación que provocó el desbordamiento del río Bayano, todavía está presente.
Cien de las familias viven apretujadas en el albergue temporal que ubicó el Gobierno a un kilómetro antes de llegar al pueblo.
El resto decidió regresar bajo su riesgo a sus casas para no depender de las donaciones estatales y continuar con sus labores agrícolas de subsistencia.
Al cumplirse hoy un año de la tragedia, en la que perdieron todas sus pertenencias, los damnificados piden al unísono que “la empresa AES cumpla con la indemnización por los daños causados”.
El grupo que decidió limpiar sus casas y empezar de cero no cree que una situación parecida vuelva a ocurrir.
Eneida de Herrera, quien desde el 7 de febrero de 2010 volvió, limpió y se quedó, asegura que se trató de una irresponsabilidad de la empresa EAS, que obvió los protocolos de seguridad en situaciones de emergencia.
Mientras, Sixta Osorio, más precavida y afectada por el trauma que le provocó la imagen de ver su casa sumergida en el agua por 15 días, dice que prefiere mantenerse en el albergue para evitar una situación peor.
La rutina de ambas familias cambió radicalmente, pero intentan levantarse poco a poco. LLevan un año en la espera de “justicia”, sin que hasta la fecha las autoridades judiciales hayan definido la responsabilidad. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial está en la espera del refrendo de la Contraloría para la construcción de las viviendas permanentes en El Llano.
