El Estado podría estar obligado a incluir en el presupuesto del próximo año un fondo para garantizar la continuidad del servicio de telefonía universal o básica, si no promulga una ley que prorratee el costo entre las empresas de telecomunicaciones.
Según Manuel Murillo, vocero de los trabajadores de Cable and Wireless, en la addenda que modifica la cláusula 40 del Contrato de Concesión se establece que si no se promulga una ley, los costos de prestar el servicio deben provenir del presupuesto del Estado.
Reiteró el llamado a la marcha de hoy al mediodía desde el Ente Regulador hasta la Presidencia de la República, para exigir la referida ley.
No obstante, una fuente del Ministerio de Economía advirtió que en el presupuesto del próximo año no se incluye un fondo para este menester.
En tanto, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cable and Wireless Panamá, Roberto Mendoza, dijo que la empresa tiene un déficit de unos B/.31 millones por este servicio.
