Una acción de advertencia de ilegalidad contra la cláusula octava del acuerdo de terminación de huelga médica, suscrito por las autoridades de salud y la COMENENAL, en diciembre de 2007, fue interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia por directivos del Hospital San Miguel Arcángel.
El recurso se sustenta en que el acuerdo afecta a una institución pública como lo es el citado nosocomio, al dejar sin efecto el Artículo 2 de la Ley 27 de 1 de mayo de 1998 que creó el patronato del hospital San Miguel Arcángel.
A partir de la firma del acuerdo, que terminó con la huelga de 39 días, el Gobierno, representado por los ministerios de Salud, Economía y Finanzas y la Caja de Seguro Social, aceptó no aplicar el citado artículo y no extender el modelo al resto del país.
En su lugar, pactó con los gremios médicos de que "los patronatos de hospitales y cualquier otra instalación, de cualquier nivel de atención y complejidad, existentes o futuros, se mantendrán como parte del modelo y no usarán ningún sistema que incluya elementos de privatización, externalización o concesiones administrativas".
Esta medida, según la demanda, viola la ley que creó el hospital que señala en su Artículo 2: "La Coordinadora Nacional de la Salud tiene por objeto coordinar la financiación, contratación y provisión de servicios de atención de salud en todo el país, a través de contratos - programas que celebrará con sus proveedores".
De hecho, el hospital mantiene contratos con varias empresas externalizadas que temen por su seguridad jurídica, toda vez que sus contratos vencen en diciembre de 2008.
Reclamo.
Pedro Contreras, director Ejecutivo del nosocomio, lamentó que la ministra de Salud, Rosario Turner, siendo presidenta de la Coordinadora pretenda "ignorar" el mandato legal.
Julio García Valarini, vocero de la COMENENAL, indicó ayer que "el recurso no les roba el sueño y espera que el Gobierno cumpla lo pactado".
El galeno enfatizó que el acuerdo también establece que el Ejecutivo, conforme con sus declaraciones públicas sobre la no privatización del sistema de salud, aceptó presentar un anteproyecto de ley para modificar el polémico artículo e incluso, cualquier otro relacionado con la externalización o tercerización.
Juristas consultados por este diario coincidieron en que "la medida tiene vicios de ilegalidad", al generar un marco de incertidumbre frente a los que están en la obligación de cumplir su mandato como lo es brindar un servicio público de salud.
De hecho, el doctor Contreras recordó que "dentro del principio de estricta ilegalidad, los funcionarios públicos solo pueden y deben hacer lo que la ley les autoriza, limitando con ello, su actuar dentro de la ley".
