El magistrado y el camino de la discordia

Cuando antes de su salida del Palacio de Las Garzas la presidenta Mireya Moscoso decidió hacer "borrón y cuenta nueva" e indultar a los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio, entre más de un centenar de otras personas, luego de ser condenados por injuria, se creyó que todo había terminado en este caso.
Nada más lejos de la verdad. El hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, ha dado muestras de que la zaga continúa y decidió contraatacar. Este martes tomamos conocimiento que Spadafora interpuso una demanda civil por B/. 2 millones contra la Editora Panamá América, Gustavo Aparicio, periodista de este medio y Jean Marcel Chéry, ahora perteneciente al equipo del colega La Prensa, por un reportaje de investigación publicado el 8 de marzo de 2001 en El Panamá América.
Spadafora dice haber sido agraviado en su honor con la nota que reveló que maquinarias del Fondo de Inversión Social (FIS) estaban trabajando en la construcción de unos 4.6 kilómetros de camino para llegar, casi exclusivamente, a las propiedades del entonces contralor Alvin Weeden y de él a las orillas del paradisíaco Lago Gatún en el área de La Chorrera.
La investigación periodística del Panamá América dio a conocer en ese momento que el breve tramo carretero se desprendía como ramal secundario de una vía principal que conducía a las poblaciones de La Arenosa y Coca-Cola, en el corregimiento de Iturralde en La Chorrera, construída para el Fondo de Inversión Social (FIS), con dineros financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo por monto de B/. 2.9 millones. La misma nota arrojó que el corto ramal servía únicamente cuatro propiedades, dos de ellas de Spadafora y el entonces Contralor General Alvin Weeden.
¿Extraño?, ¿Coincidencia?, ¿o simple resultado del manejo inadecuado de los recursos del Estado? La insólita situación merecía al menos una explicación sino una investigación. ¿Se pagó el corto ramal carretero con fondos públicos? Y, en caso afirmativo, se justificaba?
Para los personeros gubernamentales del gobierno anterior, incluyendo a la propia presidenta Moscoso todo estaba en estricto orden. Ella salió al paso del escándalo, al señalar que no había nada pecaminoso en la construcción de esta carretera en La Arenosa de La Chorrera. No conforme con eso, alegó que se trataba de una obra adjudicada mediante una licitación transparente y "eso no lo ponen", aludiendo a las publicaciones de este diario.
Las declaraciones de Moscoso fueron más allá y se enfilaron contra el Panamá América, al mencionar que sólo daban a conocer "cosas para ensuciar al Gobierno".
El encargado de velar por el buen uso de los recursos del Estado, el entonces contralor Weeden, coincidió con Moscoso y dijo que no había nada malo en la construcción de esta carretera. Consideró totalmente "común" que las maquinarias vistas por este diario en los predios de su finca realizaran trabajos intercalados para el FIS y para él.
Sin embargo, Weeden admitió públicamente que cometió "un desliz" al contratar los tractores que trabajaban en la obra para el FIS con el fin de hacer labores en su finca después de la jornada laboral, o sea, pasadas las cuatro de la tarde.
Pero cuando el equipo de periodistas de este diario fue al lugar eran cerca de las dos de la tarde y pudo observar a la maquinaria estacionada dentro de los terrenos de Weeden.
Antes de publicar la noticia, El Panamá América consultó a Spadafora (que en ese entonces era ministro de Gobierno y Justicia) y éste en tono grosero advirtió al periodista Gustavo Aparicio que no tenía por qué hablarle del tema y que si publicaba algo lo iba a demandar.
Al día siguiente de la publicación, cuando se intentó conocer nuevamente su versión, Spadafora anunció la demanda en contra de los periodistas y contestó en tono tajante que los trabajos ejecutados en esa área, incluyen un camino de 4.6 kilómetros que no llegaban a su propiedad y que estaban respaldados por un estudio realizado por el FIS, en donde se establece que se beneficiaba a 1,200 personas. Pero en una nota ulterior, este diario publicó fotos aéreas de toda la obra, la cual lucía casi desierta, especialmente en el breve ramal que sse desviaba hacia la propiedad de Spadafora.
Desde aquel 8 de marzo de 2001 (cuando se publicó la información), empezó toda una odisea de procesos en contra de los periodistas, el fotógrafo John Riley y el director de este diario, Octavio Amat, además de los periodistas Aparicio y Chery.
En un término de apenas ocho días fue presentada la querella por calumnia e injuria, admitida, notificada y además, se ordenó la ejecución de una inspección ocular sin notificar al Panamá América. Una rapidez inusual que hizo dudar de la imparcialidad con la que se juzgaría a los denunciados.
Amat fue uno de los que aseguró no confiar en la independencia del tribunal de justicia encargado del proceso contra Chéry y Aparicio, porque el encargado de dictar la sentencia era un subalterno del magistrado Spadafora.
De hecho, Amat se opuso a la ejecución de la diligencia de inspección sin la participación de peritos y fotógrafos independientes, para asegurar su objetividad y el apego a la verdad.
Pero, en agosto de 2003, las disputas judiciales tuvieron su desenlace. Los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio fueron condenados a 12 meses de prisión por el delito de injuria en perjuicio del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora.
El fallo fue dictado el 1 de agosto del 2003 por el juez Décimo Tercero de lo Penal, Secundino Mendieta, quien especificó que la sentencia es conmutable a 60 días multas, a razón de 10 dólares por día.
La sentencia fue apelada por El Panamá América ante el Tribunal Superior de Justicia y otro subalterno del magistrado Spadafora volvió a fallar en contra del diario y los periodistas. Después el magistrado decidió irse por la vía civil y demandar a los periodistas y a la Editora Panamá América por B/.2 millones. Producto de esta acción el Juzgado Duodécimo de Circuito Civil ordenó secuestrar el salario del periodista Chéry hasta por B/.18 mil.