El martes se sanciona uso del Fondo

Con 60 votos a favor, cuatro abstenciones y cero en contra, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en segundo debate el proyecto de ley mediante el cual se autoriza el uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), en tanto que la presidenta Mireya Moscoso anunciaba ayer en Herrera que el martes 27 lo sancionará.
El proyecto, que será aprobado hoy en tercer debate, contó con el voto favorable de los 34 miembros de la bancada opositora del Partido Revolucionario Democrático (PRD), los legisladores del Partido Arnulfista y demás aliados de las bancadas del Pacto de La Pintada, excepto los dos de la democracia cristiana que se abstuvieron de votar, así como Enrique Garrido y el suplente de su colega Carlos Santana, estos últimos disidentes del arnulfismo.
Por su parte José Luis Varela, también de la denominada Bancada Popular y presidente de la Comisión de Hacienda que discutió la propuesta en primer debate, no asistió a la sesión. Laurentino Cortizo y Alberto Magno Castillero, del Partido Solidaridad, a pesar de que estuvieron presentes durante toda la sesión, se retiraron del recinto al momento de verificar la votación.
Mediante el proyecto se establece que el Gobierno a partir del 2001 podrá utilizar por adelantado B/. 559 millones del rendimiento del FFD, calculado en base a inversiones realizadas al 8.5% del interés anual.
Según el proyecto, en el 2001 se podrán utilizar B/. 200 millones, en el 2002 unos B/. 178 millones, mientras que en el 2003 corresponderán B/. 95 millones y en el último año, B/. 86 millones.
Como un artículo transitorio se dispuso una autorización para que el FFD traspase al Gobierno los intereses y rendimientos presupuestados para el 2002.
Por su parte, el ex vicepresidente de la República, Ricardo Arias Calderón criticó la celeridad con que se aprobó el proyecto en segundo debate, lo que no ha dado la oportunidad de que la sociedad civil y los partidos políticos discutan la "cuarta versión del proyecto".
Este cuarto proyecto apenas ha sido conocido cuando ya está por terminarse su aprobación, por lo que es un acto "contrario al espíritu de la democracia y representa una imposición de sectores del PRD", sustentó. "Mediante esta imposición un sector del PRD busca instalarse en el Gobierno e imponerse, por lo que no sé cómo van a poder argumentar que mantienen independencia de criterio y una postura opositora", señaló Arias Calderón.