El contralor Alvin Weeden advirtió que no han prescrito las investigaciones sobre malos manejos de las partidas circuitales de legisladores del período 84-89, mientras que la bancada del PRD denunció que el Gobierno quiere presionar a sus miembros con estas pesquisas para obligarlos a votar a favor del uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD).
Al tiempo que el presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, retó al contralor a fiscalizar y auditar todas las partidas circuitales de los legisladores para verificar que sean bien utilizadas.
De acuerdo con Weeden, la prescripción de las acciones del Estado para determinar lesión patrimonial es de 15 años, luego de que el funcionario abandona el cargo.
“Esta investigación que realiza la DRP no es extemporánea porque después de que el funcionario abandona su cargo puede ser investigado hasta 15 años despuésâ€, argumentó.
Negó que esta investigación que realiza la DRP tenga “algún trasfondo político o interés ocultoâ€, sino que se trata de un trabajo de rutina.
“Se trata de mera rutina como la mayoría de las investigaciones que se hacen en la Contraloría y que tienen como objetivo verificar que las finanzas públicas han sido bien manejadasâ€, acotó.
Añadió que todas las partidas circuitales hasta 1999 son objeto de áuditos por parte de la Contraloría y recalcó que todo el que maneja bienes públicos puede ser sujeto de una investigación.
Por su parte, para el presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, es correcta la investigación que realiza la Contraloría y la DRP, para que todos los legisladores hagan un trabajo claro y transparente a la comunidad.
“Que vaya y haga todas las investigaciones que quiera en mi circuito y nadie puede decir que el legislador Garrido no ha hecho esto o que hay que llevar las pruebas, porque allí estánâ€, subrayó.
Señaló que estos señalamientos afectan a la Asamblea Legislativa y ojalá no queden en palabras, sino que se investigue hasta las últimas consecuencias para saber la verdad.
“El pueblo tiene derecho a saber qué legisladores se robaron el dinero y cuáles han invertido bien los recursos del Estadoâ€, manifestó Garrido.
Por su parte, el jefe de bancada del PRD, Manuel De La Hoz, señaló que llama la atención que ahora se quiera traer a colación este tema, por lo que agregó que esta situación tiene “connotaciones extrañas†y que su partido no actuará bajo presiones ni chantajes.
Reiteró el compromiso del partido y del secretario general, Martín Torrijos, en el sentido de oponerse a la utilización del fondo, sin componendas, sin ninguna canonjía y sin buscar espacios políticos.
En tanto, el legislador perredista, Jerry Wilson, quien actuó en el período 84-89, tres años antes de ser designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recordó que la DRP se creó como un instrumento de persecución política.
Aseguró que todos los legisladores de aquel período presentaron un informe explicando el uso de las partidas circuitales, “a tal punto que ya muchos fueron liberados de cualquier responsabilidadâ€, sin embargo, ahora se menciona que se siguen investigaciones a 19 exlegisladores.
No descartó que debido al grado de “desesperación en el Organo Ejecutivoâ€, se quiera utilizar el tema de las partidas circuitales como medida de presión, no obstante, aclaró que personalmente “no siente ningún tipo de presiónâ€.
Para el legislador del PRD, César Pardo, quien también fungió como diputado durante este período, estas investigaciones no deben ser utilizadas como presión para condicionar votos a favor de la aprobación del proyecto que autoriza el uso del Fondo Fiduciario.
“Yo espero que esto no tenga nada que ver con el Fondo, porque los proyectos que se debaten en la Asamblea no pueden estar sujetos a ninguna clase de presión, sino dirigidos a favorecer los grandes intereses del país y del pueblo panameñoâ€.
