El presidente Ernesto Pérez Balladares reveló ayer la posibilidad de "ceder y volver a reevaluar" la eliminación de las jubilaciones especiales que hizo su gobierno a través de la Ley 8 que crea el Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (SIACAP).
"Las cosas que podamos hacer, ceder y volver a reevaluar, sin poner en peligro las jubilaciones del resto de la sociedad, se van a hacer con muchísimo gusto", afirmó.
Sin embargo, advirtió, que las jubilaciones especiales son un tema que está manejando una Comisión Especial (integrada por representantes del gobierno y de los docentes) que fue designada por el Ejecutivo desde hace algún tiempo.
Pérez Balladares dijo que la Ley 8 tiene como propósito subsanar un problema financiero recurrente y creciente de déficit que registraba el Fondo Complementario.
No obstante, indicó que su gobierno apoyaría cualquier alternativa sobre la materia que presenten los educadores, siempre y cuando, no involucre la creación de algún tipo de déficit.
Aseguró que la intención de su gobierno no es desmejorarle las condiciones a nadie, sino que aquellas que se fijen sean autosostenibles, porque es imposible suponer que se van a estar financiando estas jubilaciones con recursos públicos.
Por otra parte, el gobernante durante la instalación del último periodo de la Asamblea Legislativa advirtió a los legisladores que "la tarea" del gobierno no ha concluido y que quedan muchas estructura que reformar, al tiempo que les informó que deben aprobar el primer presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá.
Recalcó su intención de respetar la separación de los órganos del Estados, por lo que expresó a los legisladores que no fue a la Asamblea "ni a formular exigencias ni a darles consejos", pero les recordó la necesidad de adelantar con la mayor celeridad los proyectos que el Ejecutivo tiene contemplados en una "agenda ambiciosa" para estos meses.
Reiteró ante los magistrados del Tribunal Electoral y la Corte Suprema, así como los ministros de Estado, cuerpo diplomático y demás funcionarios de jerarquía, su intención de cumplir con su responsabilidad de evitar que se empañen las elecciones y de no permitir que se utilicen recursos del Estado para favorecer o perjudicar ninguna candidatura.
Insistió en que a pesar de que los legisladores están inmersos en el período electoral, tienen responsabilidades que cumplir con los electores de 1994, los cuales no pueden ser "defraudados" por los posibles votantes de este año.
Dijo que esta legislatura que se desarrollará en medio de la última campaña electoral del siglo será histórica porque en ella se debe aprobar el primer presupuesto de funcionamiento del Canal de Panamá.
Señaló que a partir de hoy los ministros de Estado empezarán a presentar ante el pleno legislativo los proyectos de ley que se requieren para concluir con la "titánica" tarea de reformar la estructura del Estado panameño.
Mencionó una reforma a ley de la Corte Suprema de Justicia que permita la creación de una Sala de Garantías Constitucionales y otra de Casación Laboral, así como el establecimiento de los tribunales de comercio y un proyecto de ley general de arbitraje.
