Un proyecto de ley que permitiría al gobierno de Ernesto Pérez Balladares nombrar tres nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel.
Sagel solicitó al pleno legislativo que discutiera con "urgencia notoria" este proyecto de ley que crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía y Casación Laboral que empezaría a funcionar el 11 de julio de este año.
Por medio del proyecto se aumentaría de nueve a doce el número de magistrados que componen el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Según lo establece el proyecto, los magistrados a designar para esta nueva Sala de la Corte Suprema de Justicia serían nombrados de manera escalonada uno por cinco años, otro por ocho y el último para un período de diez años.
Pérez Balladares ha nombrado en sus cinco años de gobierno a seis de los nueve magistrados que tiene la Corte Suprema, lo que ha motivado críticas de sus adversarios políticos que lo acusan de tratar de dominar la máxima corporación de justicia.
César Guevara, presidente del Colegio Nacional de Abogados, quien se encontraba presente en la Asamblea Legislativa en otra actividad, expresó su sorpresa por el proyecto de ley presentado por la ministra y solicitó a los legisladores que se "detengan un poco" en la discusión de este documento.
Hay que analizar profundamente qué es lo que se establece en el documento presentado por la ministra y sobre todo porque hay que ver quiénes serán las personas que designará el Ejecutivo para desempeñar este cargo, indicó.
Guevara afirmó que los magistrados y los jueces no se "improvisan" y por eso un proyecto de ley como éste no puede tratarse de manera acelerada.
La ministra Sagel explicó que la Sala que se pretende crear se encargaría de los recursos de habeas corpus y los amparos de garantías constitucionales, además de los temas referentes a la casación laboral.
Esta nueva Sala se dedicaría sobre todo a los recursos de arbitraje laboral que surjan de las relaciones entre la Comisión del Canal de Panamá y los trabajadores de la vía acuática que después de este año no se regirán más por las leyes laborales norteamericanas.
Sagel dijo que este proyecto surge como un intento de modernización y agilización del Organo Judicial para propiciar el funcionamiento de un sistema judicial más equilibrado y que responda a los intereses de la mayoría de los panameños.
A través de este mismo proyecto se deroga el Centro de Casación Laboral que fue creado en 1972 por medio del Código de Trabajo.
Por otra parte, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, planteó la necesidad de que a través de una nueva Constitución se establezca el Tribunal Superior de la Magistratura para evitar que los magistrados y funcionarios del Organo Judicial sean "nombrados por ser amiguitos del presidente de la república o por influencia política".
"Con este tribunal todos serían nombrados por concurso y no por ser amiguitos del presidente, familia de alguna persona o influencia política", recalcó.
Puntualizó que a través de este organismo todos los funcionarios que trabajan el Organo Judicial tendrían que ir a concurso en base a su capacidad.
"Allí llegará una persona que realmente ha demostrado ser un abogado ilustre, con méritos o un profesor universitario, que se ha fajado por muchos años en la profesión y no un improvisado como magistrado", anotó.
Explicó que mediante una nueva Constitución se crearía el Tribunal Superior de la Magistratura, tal como funciona en muchos países garantizando que todos los funcionarios sean elegidos por concurso.
