La Procuraduría de la Nación admitió ayer que incurrió en un error en 1996 al solicitar a la Policía Nacional de Colón que interviniera algunos teléfonos dentro de una investigación por extorsión contra el empresario Walid Sayed, pero justificó esta equivocación en que existe una laguna en las normas que permiten las intervenciones telefónicas.
El fiscal superior especial encargado, José Ayú Prado, reconoció que cometió un error de interpretación al remitir un oficio a la Policía pidiéndole la ejecución de una operación encubierta que incluía escuchas telefónicas, sin embargo, afirmó que la citada orden nunca se ejecutó porque las autoridades policiales no tenían medios para realizar la acción.
Aseguró que el error en la comunicación no tuvo ningún efecto legal e insistió en que la ley no establece cuál es la autoridad técnica que debe hacer la intervención telefónica. Añadió que el caso de Sayed fue uno de los primeros en que se utilizó esta herramienta investigativa.
Detalló que la Ley 23 de 1996 establece quién autoriza las intervenciones telefónicas, pero no señala de manera taxativa a qué funcionario le corresponderá realizarla, por lo que él desconocía cuál era el procedimiento adecuado para ordenarla.
Ayú Prado aceptó que remitió a la Policía el oficio 2491-96 donde pedía al mayor Arturo Marquínez que impartiera órdenes a la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) para que grabara las conversaciones de seis teléfonos.
No obstante, afirmó que el mayor Marquínez le comunicó que podía hacer las filmaciones y la grabación de las conversaciones en las celdas de la cárcel de Colón, pero que no tenía capacidad técnica para pinchar teléfonos. El fiscal dijo que Marquínez le aseguró que jamás recibió instrucciones superiores para pinchar ningún teléfono.
Sostuvo que posteriormente la Secretaría General de la Procuraduría le reiteró que el procurador José Antonio Sossa le remitió la nota DPG-907 al entonces Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), pidiéndole que interviniera los teléfonos involucrados en esta investigación, aunque reconoció que los resultados de esta instrucción no reposan dentro del expediente.
Por otra parte, el secretario general de la Procuraduría de la Nación, José María Castillo, reiteró que es "grave" que el juez Enrique Lau Cruz se hubiera enterado de que sus teléfonos fueron intervenidos.
Sin embargo, evitó calificar la filtración de esta información como un acto de corrupción, aduciendo que el caso se mantiene bajo investigación y hasta el momento no se ha podido establecer la forma en que ocurrieron los hechos.
