Las autoridades colombianas solicitaron a sus similares panameñas la apertura de una investigación sobre la presunta existencia de un grupo de traficantes de armas dedicado a suministrar material bélico a los movimientos insurgentes que operan en Colombia.
Mediante el exhorto 001-1856, el fiscal regional delegado de Bogotá adscrito a la Dirección Regional de Fiscalía de Santa Fe solicitó la verificación de la identidad de 30 personas, entre las cuales figuran panameños y extranjeros, y de una empresa panameña supuestamente vinculada con el trasiego de armas.
La diligencia judicial pide que la Policía Nacional suministre los informes correspondientes a unos cargamentos de armas realizados por este supuesto grupo y determine los procedimientos utilizados para el envío de material bélico por vía marítima hacia costas colombianas.
La petición formulada por la Fiscalía colombiana fue acogida parcialmente por las autoridades panameñas y se abrió una investigación sobre la posible existencia de la citada organización delictiva.
Trascendió que entre los principales integrantes de la red, se investiga a una mujer que es identificada como la organizadora de los cargamentos. A esta mujer también se le vincula con el robo de una aeronave en Colombia.
La solicitud colombiana señala que esta organización sería la responsable del trasiego de un alijo de armas detectados por la Policía Nacional en marzo y julio de 1993, que presuntamente fueron entregados a grupos subversivos de Colombia.
A la vez se solicitó la verificación de los movimientos migratorios y cuentas bancarias de los presuntos implicados para determinar si los recursos provenientes de esta actividad fueron depositados en bancos locales.
Entre los nombres investigados figuran el de una mujer de apellido Alzate, de origen colombiano que presuntamente reside en Panamá desde hace varios años, y que mantiene una profusa actividad migratoria.
Las autoridades panameñas han establecido la existencia de un flujo constante de armas hacia Colombia proveniente de la desmovilización de los movimientos guerrilleros centroamericanos y que en su mayoría son transportados por mar e intercambiados por droga.
Por otra parte, el canciller de Colombia, Guillermo Fernández de Soto, aseguró que las supuestas incursiones de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio panameño deben ser tratadas por los canales diplomáticos y no permitir que alteren la fraternidad entre ambos países.
Tanto el canciller como el encargado de la Policía de Colombia en Panamá, coronel Guillermo Vélez Botero, manifestaron que las FARC se han desplazado a 80 kilómetros de la zona entre ambos países, por lo que no se descarta su incursión a territorio panameño.
Fernández de Soto dijo que no hay que crear una gran expectativa sobre la situación que se vive en la zona fronteriza, sino tratar el problema con la mayor serenidad y prudencia posible.
"Bueno no descartamos que la guerrilla entre a territorio panameño, pero no hay que crear una expectativa mayor de lo que ocurre, situación que algunas veces es especulada por los medios de comunicación social", sostuvo.
Las declaraciones del canciller se dieron durante su participación en la IX Reunión de Vecindad Colombo-panameña, donde se coordinan acciones comunes en los ámbitos bilateral, subregional andino y multilateral.
Ambos gobiernos reiteraron ayer su propósito de continuar trabajando a través de la Comisión de Vecindad, con el ánimo de lograr acciones concretas dirigidas a elevar el nivel de cooperación entre ambas naciones.
En esta IX Reunión, participaron 32 instituciones, con representantes agrupados en siete subcomisiones: educación y cultura, salud y asuntos indígenas, medio ambiente y recursos naturales, transporte y telecomunicaciones, asuntos migratorios, cooperación judicial y la de cooperación técnica y científica.
