El Panamá América

Un comunicado de la presidenta electa, Mireya Moscoso, en el que advierte a los empleados públicos con mando y jurisdicción que no realicen contratos ni obtengan obligaciones que sobrepasen el 31 de agosto, motivó que el mandatario Ernesto Pérez Balladares recordara a la arnulfista que su mandato no ha terminado y que hasta ese día tiene la potestad de administrar los establecimientos públicos.
Moscoso antes de iniciar una gira de vacaciones por Estados Unidos y Europa- publicó en todos los medios escritos del país un "comunicado a los empleados públicos con mando y jurisdicción", en el que destaca que por la "transparencia y seriedad" que el país reclama deben abstenerse de hacer contrataciones o asumir compromisos más allá del día en que finaliza el período de Pérez Balladares.
Voceros de Moscoso dijeron que la medida busca evitar actos de corrupción en los últimos días del actual gobierno, ya que por ejemplo en la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) se han dado instrucciones para que se termine antes del 1 de septiembre con el contrato firmado con la empresa Mobil Oil para la administración de los tanques de combustible de Arraiján.
No obstante, añadieron que los contratos que estén debidamente sustentados no tendrán ningún problema con esta medida.
El comunicado de Moscoso provocó que Pérez Balladares emitiera una nota, en la que plantea su inquietud por la insinuación de represalias de parte de la mandataria electa contra actuaciones que están contempladas en la Constitución y la ley.
El jefe del Ejecutivo afirmó que el anuncio de Moscoso despierta confusión, ya que mezcla las responsabilidades de ambos gobiernos, afortunadamente pasajeros, con la responsabilidad del Estado, que es de carácter permanente.
Hizo un llamado a los representantes del gobierno que tomarán posesión el 1 de septiembre para que enmarquen sus actuaciones dentro de la Constitución y las leyes, con el fin de que contribuyan a la gobernabilidad del país.
Sostuvo que durante el período de transición pasado se respetó el ejercicio constitucional del gobierno arnulfista de Guillermo Endara y los compromisos que adquirió el Estado panameño, incluyendo los suscritos con las Instituciones Financieras Internacionales.
La nota de la Presidencia de la República sostiene que el comunicado de la presidenta electa incluye al propio mandatario Pérez Balladares y demás servidores de los Organos del Estado, y que sugiere que contrariar la petición, sería actuar al margen de la ley.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Reinaldo Rivera, calificó el comunicado de Moscoso como una interferencia en el gobierno actual, debido a que éste tiene vigencia hasta el 31 de agosto.
"Además nosotros tenemos a un presidente que es Ernesto Pérez Balladares y tenemos la facultad de efectuar contratos hasta por el término que la ley nos permite", acotó el funcionario.
Por su parte, el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Leandro Avila, afirmó que el comunicado creó incertidumbre en el sector gubernamental, especialmente entre los funcionarios que mantienen contratos con el Estado hasta el 31 de diciembre y que entienden que a partir del 31 de agosto serán cesados en sus puestos.
Avila advirtió que esta nota producirá que las farmacias de la Caja de Seguro Social (CSS) y los depósitos de alimentos de los hospitales del país se queden sin mercancía, porque la empresa privada no querrá vender al gobierno de Pérez Balladares, por temor a que Moscoso desconozca estos compromisos.
En tanto, la ministra de la Juventud, la Mujer y la Familia, Leonor Calderón, dijo que la medida adoptada por Moscoso "es muy peligrosa" y contrasta con el mensaje de unidad nacional que ha hecho la presidenta electa.