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El Panamá América


La presidenta electa, Mireya Moscoso, advirtió ayer que las reformas aprobadas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa van en contra de la institucionalidad del Estado, mientras que el expresidente Guillermo Endara vaticinó que a la mandataria no le quedará otro remedio que disolver este órgano del Estado.
Moscoso sostuvo que las reformas buscan burlar la voluntad mayoritaria de la sociedad, expresada de manera contundente en las pasadas elecciones.
"Es una clara intención de establecer mecanismos que además de prolongar la injerencia del Ejecutivo saliente en el nuevo gobierno, buscan burlar la voluntad popular", recalcó.
Puntualizó que las reformas son una obvia manipulación de naturaleza política dirigida a entorpecer la gobernabilidad de la próxima administración.
Calificó la acción legislativa como oportunista e innecesaria, que en nada beneficia el normal desarrollo del próximo gobierno.
"Esta modificación va en contra de la institucionalidad del Estado y de su ordenamiento administrativo, por ser innecesaria", afirmó Moscoso.
Por su parte, el exmandatario Guillermo Endara sentenció que a la presidenta electa no le quedará otra alternativa que disolver la Asamblea Legislativa.
"Para mí ya prácticamente es una necesidad y no le están dejando otro camino a Mireya que abolir la Asamblea", anotó.
Indicó que ante la crisis que han provocado en el proceso de transición no quedará otro camino que cerrar el Organo Legislativo.
"Yo no puedo hablar a nombre de la presidenta ni del partido, pero es una salida a la crisis generada", manifestó.
Endara, quien ha sido un crítico del presidente peruano Alberto Fujimori por su decisión de disolver el Parlamento de su país, manifestó que si el mandatario tuvo que tomar esta medida por acciones similares a las adoptadas por la Asamblea panameña, entonces la justifica.
En tanto, el legislador opositor, Alberto Cigarruista, definió ayer como el inicio de "una guerra adelantada" entre el Organo Legislativo y el próximo gobierno, la aprobación del proyecto que modifica el Reglamento Interno de la Asamblea.
Cigarruista, quien insistió en la inconstitucionalidad de esta norma, rogó a Dios para que no suceda como en 1968 cuando los miembros de la Policía pensaron que podían "intervenir y poner" orden en una pelea entre los políticos y después se quedaron en el poder por más de dos décadas.
Afirmó que la Constitución Nacional es clara en su artículo 264 en el cual se establece que corresponderá al Organo Ejecutivo la elaboración del Presupuesto General del Estado, mientras que la Asamblea debe aprobarlo o rechazarlo.
El proyecto aprobado dispone en su artículo 16 que para garantizar la independencia presupuestaria y funcional de la Asamblea Legislativa y la Contraloría, ambas instituciones "elaborarán y administrarán sus propios presupuestos".
El proyecto que contó con el apoyo de la bancada oficialista, los legisladores "saltamontes" y el Movimiento Papa Egoró (MPE) recibió 38 votos a favor y 6 en contra.
Mientras que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado, dijo que se ha exagerado con la aprobación de esta norma y sostuvo además que esta es una exigencia de los organismos financieros internacionales que consideran a los parlamentos como órganos fundamentales para el mantenimiento de la democracia y por eso apoyan que se les otorgue independencia.
Según Alvarado, no es cierto que la Asamblea Legislativa pretenda duplicar su presupuesto, porque los ingresos corrientes del Estado programados para este año ascienden a B/. 1,715 millones, de lo cual el 2% correspondería a B/. 34.3 millones, cifra que supera en B/. 2 millones el presupuesto actual que asciende a B/. 32 millones.
El presidente de la Asamblea, Gerardo González, dijo que no se puede permitir que este órgano que es el primero del Estado siga siendo humillado y se le trate como un ministerio más, al punto que el ministro de Economía y Finanzas por medio de una resolución ordena recortarle el presupuesto.
Según el proyecto, cuando el Ejecutivo ordene la contención del gasto público, corresponderá a la propia Asamblea Legislativa determinar en qué renglones se harán los recortes.
Se regula también el acto de toma de posesión del gobierno, disponiendo que no será necesario que el presidente saliente asista al acto de toma de posesión del nuevo gobernante.
Mientras que el subsecretario general del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, advirtió quienes afirman que con estas modificaciones el PRD quiere restarle poder a la presidenta electa, muestran la "desesperación" en que se encuentran los integrantes de la alianza Unión por Panamá.
Dijo además que con estas insinuaciones los "enemigos" del actual gobierno quieren restarle notoriedad y denigrar a la Asamblea, por el simple hecho de que el PRD obtuvo el mayor número de curules para el próximo período legislativo.
Manifestó que con estas modificaciones lo único que busca la Asamblea es fortalecerse para no desaparecer frente a un Organo Ejecutivo que será avasallador.


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101 años de Panamá América

 
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