El Plan Estratégico de Seguridad Nacional incluye la firma de "una red de acuerdos bilaterales múltiples" con otros países que buscarían enfrentar las amenazas externas a la paz y la seguridad internacional a través de "esfuerzos cooperativos multilaterales", en los cuales prevalezca el respeto "escrupuloso" de las prioridades de cada nación y la no intervención en los asuntos internos.
Winston Spadafora, ministro de Gobierno y Justicia, durante la presentación al país de este Plan, afirmó que pese a la firma de estos acuerdos internacionales, el tema no será sometido a plebiscito ni referéndum.
El Plan identifica dos potenciales amenazas a la estabilidad del país, primero: el desbordamiento de la violencia interna de países vecinos, al punto de que ponga en "serio predicamento" el mantenimiento del orden público y la seguridad de los panameños en la región de la frontera y en duda la soberanía nacional.
Esta potencial amenaza aumentaría "sensiblemente", agrega, si alguna potencia extranjera se involucra en esta guerra, colocándose en la condición de blanco de represalias.
La otra amenaza identificada, es el incremento descontrolado del crimen organizado transnacional en territorio panameño y a través del mismo, así como los delitos conexos, es decir, el tráfico de drogas y su enorme capacidad de corrupción que representan un "serio peligro" para la estabilidad y confiabilidad de las instituciones democráticas y económicas del país.
Considera como algo "más delicado" que la materialización de esos peligros induzcan a la interpretación unilateral de las obligaciones y derechos contenidos en el Tratado de Neutralidad, que mal administrada, puede constituirse en la mayor y más estratégica de todas las amenazas contra la seguridad nacional.
"En todos estos casos, es evidente que el trabajo de inteligencia para prevenir tales situaciones y anticipar tales amenazas es realmente vital", afirma.
Entre los factores de riesgo señala que la salida de las tropas de Estados Unidos de Panamá termina el efecto de disuasión a estas fuerzas externas, lo que siempre ha sido favorable a la seguridad del Canal y el istmo.
Sostiene que hay que hacer énfasis en la capacidad nacional de acopiar y procesar toda la información pertinente y desarrollar, en igualdad de condiciones, programas de cooperación, entrenamiento y adiestramiento en el uso de tecnologías avanzadas y de intercambio de información de inteligencia.
En tanto, Spadafora, quien expuso a los medios de comunicación el Plan, aclaró que Panamá cuando ponga en ejecución el programa de seguridad firmará acuerdos de "intercambio de información" con países que tengan más tecnologías como Italia, Francia, México, Estados Unidos y otros.
Puntualizó que el Plan es netamente panameño y está programado para ser ejecutado en un término de cinco años, por lo que todavía no se ha cuantificado el monto total de la inversión que requiere.
Negó que éste tenga algo que ver con la documentación que ha sido divulgada en las últimas semanas en los medios de comunicación, y argumentó que se trata de un programa de desestabilización contra el Gobierno Nacional.
No obstante, reconoció que para su elaboración participaron agregados militares y navales de varios países, Colombia, Francia, México, Estados Unidos, Perú, Reino Unido y Venezuela.
El ministro de Gobierno informó que parte de los fondos de este plan serán suministrados por la Autoridad del Canal de Panamá, específicamente para los organismos de seguridad que custodiarán las instalaciones de la vía acuática.
Según la presentación efectuada por el ingeniero Richard Fiffer el Plan abarcará el 5% del total de las áreas revertidas, donde el Sistema de Protección Institucional (SPI) y el Consejo de Seguridad Nacional estarán localizados en el antiguo centro de espionaje del Comando Sur.
Apuntó que se aprovechará la red de fibra óptica dejada por los norteamericanos en estas instalaciones, que están valorada en más de B/.70 millones y servirá para operaciones de inteligencia.
Indicó que las unidades apostadas en Corozal custodiarán las esclusas de Miraflores y otros puntos estratégicos del Canal.
También otro de los puntos que contemplan son el túnel del Cerro Ancón que estará bajo la custodia de la Cancillería los tres primeros años y luego pasará al Consejo de Seguridad Nacional.
Fiffer dijo que el Plan también contempla áreas de Rodman, el edificio 429 del Fuerte Espinar y de Sherman, mientras que en Howard y Kobbe se instalará la sede de la Policía Nacional, Servicio Aéreo Nacional, Servicio Marítimo Nacional y el Centro Multimodal de Comunicación.
Anotó que el Gobierno a través de "cartas de entendimientos" firmará los acuerdos de información con cualquier otro país.
En tanto, el secretario del Partido Revolucionario Democrático, Martín Torrijos, denunció que este Plan ha arrojado nuevas dudas al país al no satisfacer las necesidades elementales de seguridad y cuestionó el porqué se eleva al Sistema de Protección Institucional a un nivel preponderante, cuando en la Ley tiene funciones específicas.
"Cómo es posible que la seguridad de la vía acuática internacional sea uno de los principales objetivos de la estrategia; y, sin embargo, no se incluye a la propia Autoridad del Canal en la confección del documento", interrogó.
En tanto, otra fuente del PRD informó que este partido se declaró en estado de alerta ante las intenciones del gobierno de concretar una "vulgar entrega del país" a EU mediante la firma de un Acuerdo Ejecutivo que viola la Constitución Nacional, porque no se toma en cuenta a las fuerzas políticas del país.
Un alto miembro del PRD señaló que el partido realizó una reunión ampliada para analizar las implicaciones de este convenio, concluyendo que lo más grave es la abierta intención de los arnulfistas en aprobar el tema, sin someterlo a la discusión de la Asamblea Nacional y un referéndum.
