Estados Unidos considera que los jueces en Panamá son "vulnerables a la influencia política...y susceptibles a las amenazas provenientes de los narcotraficantes y otros acusados", además de que la "corrupción en el sistema judicial es preocupante".
Los cuestionamientos se incluyen en el informe que remitió el presidente Bill Clinton al Congreso, donde -a pesar de las críticas- certifica la cooperación panameña en la lucha antidrogas.
Aunque se reconoce que en 1997 no hubo casos de altos funcionarios involucrados en corrupción, se advierte que las grandes cantidades de cocaína incautadas en Costa Rica en camiones provenientes de Panamá, sugieren que existen "inspecciones inadecuadas o corrupción de los funcionarios fronterizos".
Según la Casa Blanca, Panamá es un país "atractivo para los narcotraficantes colombianos que consideran que es fácil sobornar" a los encargados de las instituciones públicas y privadas.
También hace referencia a que el año pasado fueron removidos 11 policías por traficar drogas y se destituyó a un jefe de seguridad de la Zona Libre por nexos con actividades criminales.
Mientras, el canciller Ricardo Alberto Arias cuestionó el proceso de certificación unilateral de Estados Unidos (EU), por no ser el mecanismo más efectivo para combatir el narcotráfico.
Arias sostuvo que Panamá emprende sus acciones antidrogas primeramente por "razones internas", porque entiende que para beneficio del país, se debe ser eficiente y dinámico en esa lucha.
Por otra parte, el director de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional de EU, Rand Beers, dijo desde Washington que su país no descarta la posibilidad de cambiar las certificaciones de la lucha antidrogas por una Estrategia Hemisférica Antidrogas en la que participen todos los países.
Beers, cuya intervención fue apreciada en Panamá a través de una videoconferencia, manifestó que no hay una decisión final al respecto, pero señaló que si la Estrategia -incluida en la Cumbre de Santiago de Chile- logra convencer al Congreso de su efectividad, podría reemplazar a las certificaciones.
Explicó que la Estrategia involucraría objetivos y medidas que serían sugeridas por todos los países miembros.
Agregó que EU se ha impuesto metas específicas en la lucha contra este flagelo, entre las que destaca reducir en un 50% el consumo en su territorio en los próximos 10 años. Indicó que su país aceptaría observaciones sobre sus adelantos en esta iniciativa.
Beers advirtió por otro lado que los guerrilleros y paramilitares colombianos están aumentando sus actividades de protección y cultivo de drogas, lo que representa "un verdadero peligro" para la democracia en Colombia.
