Leyes. En Panamá está claramente definida la responsabilidad de los órganos del Estado. Si se cometen actos ilegales o de corrupción deben presentarse las denuncias formales al Ministerio Público y sancionar a los funcionarios que resultan culpables.
Estabilidad. El interés colectivo está por encima del interés particular. Los partidos políticos y la sociedad civil deben estar conscientes de esta situación. Los ciudadanos siempre deberán ser la prioridad del Estado.
