El contralor Alvin Weeden, informó que desde hace cinco años se viene dando la práctica en el Servicio Aéreo Nacional de otorgar combustible a helicópteros particulares, mientras que la ex ministra de Gobierno, Mariela Sagel, advirtió que en su época el SAN parecía "un supermercado de gasolina y piezas".
Weeden reiteró ayer que la auditoría que realiza la Contraloría en el SAN se extenderá hasta los dos últimos años de la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
Mientras que Mariela Sagel dijo que "durante mi administración en mayo del "99, le hice un allanamiento sorpresivo al SAN para ver cómo se corregían las cosas".
Explicó Sagel que el otorgamiento de combustible no es malo, siempre y cuando se otorgue en caso de emergencia y sea repuesto a la institución.
Indicó que ella solicitó un áudito y levantó un informe que establecía las recomendaciones para la reestructuración de la institución.
"Sin embargo, el gobierno desconoció este informe y nombró al ratón para que se comiera el queso con la designación del señor Argüelles", sostuvo Sagel.
A juicio de Sagel, si el ministro de Gobierno, Winston Spadafora, hubiese ejecutado el informe elaborado para reestructurar el SAN se habría ahorrado varios escándalos y la caída de un helicóptero en Darién.
De acuerdo con el análisis realizado por la administración de Sagel, la proximidad al Aeropuerto de Tocumen hacía blanco fácil al SAN de implicaciones delictivas y las aeronaves no estaban en las mejores condiciones.
Precisó que encontró una institución que no había aceptado su reciclaje en 1990, cuando se desmantelaron las Fuerzas de Defensa, porque funcionaba con pocos aparatos y mucho personal.
"El SAN era utilizado como una especie de aerolínea particular del gobierno, cosa con la que no estaba de acuerdo. Las evacuaciones médicas eran muchas, pero se carecía de un helicóptero de emergencia sanitaria", apuntó Sagel.
Argumentó que cualquier funcionario que quisiera realizar una gira, solicitaba una aeronave al SAN, por lo que se diseñó un plan de costos que las instituciones pagaran por el uso de estas.