Como "grave" fue descrito por la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, la aprobación en primer debate del proyecto de ley que elimina la Policía Técnica Judicial y la sustituye por el Servicio de Criminalística (SEC).
Sus palabras también tildaron el documento como un "retroceso histórico", que no se ajusta a la institucionalidad del Ministerio Público y a la Constitución Nacional, mucho menos a lo acordado en el Pacto de Estado por la Justicia que convocó el propio presidente de la República, Martín Torrijos.
Tampoco es "congruente" con el sistema acusatorio que se quiere implementar, afirmó.
Gómez recordó que lo que se aprobó por la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea, no es lo que había hablado con el presidente (Torrijos).
Una de las principales críticas radica en que el proyecto de Ley No. 294 que crea el Servicio de Criminalística, como un ente científico es autónomo, pero sigue siendo un auxiliar del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
Tendría como funciones: cumplir las órdenes que le impartiera el Ministerio Público para realizar diligencias preliminares e investigaciones de criminalística, que comprendían además, todos los servicios forenses para llegar a la verdad del hecho.
El director y sub director del OIC serían nombrados por el procurador o procuradora de la Nación en base a una terna elaborada por un Consejo Técnico Evaluador. Este nuevo director y subdirector contaría con título universitario, preferiblemente en ciencias criminalísticas.
Sin embargo, la Asamblea decidió que el denominado SEC, tendría a un Consejo Técnico como el encargado de hacer los nombramientos de quienes dirigieran la entidad autónoma.
Le correspondería ahora el nombramiento del director y subdirector al ministro de Gobierno y Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el procurador o procuradora de la Nación. Los aspirantes solo necesitarían tener un título universitario.
