A unos B/.2.5 millones asciende la lesión contra funcionarios públicos y particulares, a quienes cinco juzgados municipales les aplicaron embargos y secuestros fraudulentos, según la investigación adelantada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Las cifras manejadas por la fiscalía indican que en un solo juzgado se detectaron descuentos por un monto de B/.1.8 millón y en otro varios más por la suma de B/.377,000 realizados en diversos descuentos.
Se informó que unos 20,000 embargos y secuestros fraudulentos fueron promovidos contra miembros de la Fuerza Pública por cinco juzgados municipales, según se ha determinado dentro de la investigación adelantada por la fiscalía.
Hasta la fecha se ha determinado la vinculación de cinco ex jueces, siete ex funcionarios judiciales, 169 comerciantes y siete abogados vinculados con estas irregularidades.
La investigación a la fecha está compuesta de 60 tomos que contienen una multiplicidad de diligencias y declaraciones, pero hasta el momento existen 12 prófugos de la justicia a quienes se ha ordenado indagatoria.
Durante las pesquisas, la Fiscalía logró ubicar 54,000 órdenes fraudulentas de embargo que eran tramitadas desde juzgados de Chame, Capira, San Carlos, Pinogana, La Chorrera y Santa Isabel, en donde se han ordenado una serie de auditorías.
Se explicó que las investigaciones han determinado la participación de una serie de funcionarios y abogados, quienes se dedicaron a la tramitación de los embargos, algunos de los cuales eran realizados sin la participación de los afectados.
Dentro de este expediente se han tipificado delitos que van desde estafa, falsificación de documentos, falsedad ideológica, corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y falsificación de sellos.
En las pesquisas se estableció que del 20 de octubre de 1998 al 30 de abril del 2000, la Contraloría General de la República recibió 45,000 órdenes de embargo procedentes del Juzgado Municipal de San Carlos.
Mientras que dentro de ese mismo período la Contraloría recibió del Juzgado Municipal de Arraiján, 1,800 órdenes de embargo y que la suma de todas las notas representa un perjuicio para el Estado de B/.1,864,262 en concepto de 3% por el manejo de descuento a servidores públicos.
Embargos fraudulentos superan B/. 2 millones
En el ilícito están involucrados abogados, ex funcionarios y los jueces que autorizaron los descuentos.