No hay consenso sobre el tema de reformas al sistema de Justicia panameño, después de ocho meses de reuniones. La Alianza Ciudadana Pro Justicia señala que el Organo Judicial quiere tener un "poder absoluto" en la justicia comunitaria.
Después de creada hace ocho meses, la Mesa Técnica de Justicia Administrativa, como fue establecida en el Pacto de Estado por la Justicia, la cual elabora la propuesta para la selección de los jueces de paz, se mantienen serias divergencias entre los gremios de la sociedad civil con el Organo Judicial.
La directora Ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo reveló las diferencias existentes en las propuestas y mencionó que el punto discordante radica en que el Organo Judicial ha cambiado a sus representantes cada dos meses, los cuales no tienen poder de decisión.
En la propuesta del Organo Judicial se plantea que la selección y remoción del juez será realizada por una Comisión Técnica, la cual estará presidida por el Organo Judicial y difieren en un total de 13 puntos.
La Mesa Técnica está conformada por representantes de la Procuraduría de la Administración, Colegio Nacional de Abogados, Ministerio de Economía y Finanzas, el Organo Judicial y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Esta Mesa Técnica acordó que la selección del juez debe efectuarse bajo una coordinación interinstitucional, con fallos en equidad, mientras que la selección y remoción del juez es realizada por una Comisión Técnica.
El ?"rgano Judicial propuso que los fallos sean en derecho y el control estará a cargo del Poder Judicial.
"Han llegado a última hora con sus propuestas cerradas", criticó Castillo quien asegura que el Organo Judicial tendrá un poder absoluto.
La directora de la Alianza basó sus señalamientos en que el Organo Judicial ha puesto un principal empeño en una Sala Quinta de Garantías y sin embargo, con la Justicia de Paz que forma parte del Pacto de Estado por la Justicia mantiene un retraso desde el 2007.
Otra de las quejas es que no han puesto al frente del tema a un magistrado y a consultores encargados de la Justicia de Paz, como lo han hecho con la Sala Quinta.
La Alianza ha establecido que la actual justicia que se ejerce en las Corregidurías es de corte autoritario.
Explican que es un sistema de rasgo militar, donde se aplican medidas de privación de libertad, sin tomar otras medidas alternativas menos rigurosas, que atiendan a la realidad de la falta cometida y a la peligrosidad del infractor.
"Ante esa realidad administrativa de la justicia local en Panamá, se hace necesario e imprescindible, mejorar o edificar una plataforma de justicia local accesible para los ciudadanos", señala el estudio de la Alianza.
