El sector empresarial al conocer la propuesta, de inmediato le dio su respaldo, considerando como prudente y necesario, reestablecer la expedición de este documento, no sólo por la seguridad de la empresa, sino por la de los clientes y hasta de los propios compañeros de trabajos de aquel, que a pesar de haber sido contratado, mantenga tendencias delictivas y vuelva a reincidir cometiendo otro delito.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Enrique De Obarrio, las empresas tienen derecho a conocer los antecedentes penales de cualquier persona que pase a ser su colaborador.
Indicó que el tema del récord policivo se debe reglamentar, al igual que la información que reposa en la Asociación Panameña de Crédito (APC), que no es de dominio público, pero sí del trabajador potencial y de la empresa.
Para la directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, Maribel Jaén, el proyecto debe ser adecuado, es decir, que sea aplicable en caso de los oficios que tienen que ver con la atención a niños, discapacitados y adultos mayores, al igual a quienes intenten ingresar a un oficio relacionado al uso de armas o a la seguridad.
Darle vigencia al récord policivo, según Jaén, no va a detener la violencia y la inseguridad ciudadana que hay en este país, porque estos males están precisamente en los altos niveles de pobreza, la corrupción y falta de oportunidades a la juventud.
En tanto, que para el sociólogo y jefe de la Oficina de Desarrollo Social Seguro del MIDES, Gilberto Toro, el historial policivo es una herramienta caduca, ya que no logra identificar a todos los que tienen problemas psicológicos.
