Los enemigos ocultos de las autoridades en la erradicación del trabajo infantil, siguen sin dar la cara: empresarios tanto de supermercados como de locales agropecuarios son los más señalados por la Dirección Nacional Contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (Diretippat).
En esta oficina -creada en 2009 - no se tiene registro de permisos para la inclusión de niños o jóvenes al mercado laboral por parte de los empresarios de supermercados, tal como lo establecen las disposiciones legales en el país.
Rosa Carrasco, directora de la Diretippat, cuestionó el papel que realizan algunos empresarios en torno al tema. Carrasco aseguró que mantener a jóvenes laborando sin el permiso correspondiente va en contra de los acuerdos internacionales firmados por Panamá.
“En nuestra dirección no reposan registros que nos permitan identificar -en el caso de los supermercados- que se tramitan permisos laborales”, detalló.
Irónicamente, Carrasco tiene de su lado todos los acuerdos y leyes que la facultan para realizar operativos y tramitar sanciones a quienes incurran en delitos relacionados al trabajo infantil y del menor, sin que tampoco existan registros del mismo.
No obstante, afirmó que la Diretippat realiza de dos a tres operativos cada tres meses, pero que no están facultados para imponer sanciones. “Solo tramitamos”, acotó.
Ante la falta de una política de aplicación de penas y cumplimiento de los acuerdos y leyes por parte de las propias autoridades, es evidente que el problema aún persiste.
La funcionaria apuesta al nivel de conciencia de cada uno de los panameños para que en 2015 se hayan eliminado las peores formas del trabajo infantil como se acordó con la Organización Internacional del Trabajo.
Otro de los factores que inciden, atribuidos por Carrasco, a que las cifras se mantengan en 60 mil 702 niños trabajadores, es la desigualdad en la sociedad.
“Es muy difícil que un padre de familia que vive en pobreza se niegue aceptar la ayuda de su hijo”, concluye la funcionaria.
Sobre la responsabilidad empresarial, Antonio Flecher, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada(CONEP), se defiende de la acusación al señalar que los aglutinados a su gremio conocen los avances que tiene el país en la materia. “Hemos tomado una decisión colegiada de no contratar a jóvenes menores de edad”, mencionó.
No obstante, solicitó a las autoridades redoblar esfuerzos en las inspecciones y sancionar a quienes incurran en la violación a las normas.
“Ellos tienen todas las herramientas para sancionar, no se puede generalizar en la violación a las normas”, enfatizó el empresario.
En la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia se defienden, al destacar que pese a los esfuerzos no son la entidad rectora de aplicar sanciones como lo establece el Código Penal.
Cosme Moreno, asesor legal de la Secretaría, aceptó que existen trámites que impiden la aplicación de las normas pero que se buscan los mecanismos para desburocratizar el sistema.
Igual que la Diretippat realizan esporádicos operativos para captar a los niños trabajadores.
