Empresas no podrán tener seguridad propia desde junio

Erika Edith Quiñones (erika.quinones@epasa.com) / PANAMA AMERICA

Los almacenes, casinos, hoteles y bares tendrán que hacer ajustes en su personal de seguridad, ya que con la entrada en vigencia el próximo miércoles de la Ley 56 del 27 de marzo de 2011, que regula los servicios privados de seguridad, estos deberán contratar a agencias especializadas y debidamente autorizadas por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

Miguel Rivas, de la Agencia Defcon-One Segurity, señaló que no se puede brindar el servicio de seguridad si no se contrata una agencia. Por ello, las empresas privadas deberán eliminar esta figura a lo interno, además darle otras funciones al personal de seguridad que tenía contratado por su propia cuenta.

El presidente de la Cámara Panameña de Seguridad Privada, Abdiel Lamboglia, informó que el contenido de la ley fija una tarifa en el cobro de servicios de seguridad para evitar la competencia desleal. La tasa mínima a cobrar es 4 mil 800 por 24 horas.

Lamboglia es consciente de que se requiere de una nueva legislación, porque los Decretos Ejecutivos 21 y 22 de enero de 1992, se han quedado obsoletos.

Agustín Soane, jefe de Operaciones de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), adscrita al Minseg, manifestó que al entrar en vigencia la ley serán muchas las agencias clandestinas que serán cerradas. Para ello, están tratando de organizar la dirección para contar con más personal y equipo para inspeccionar tres empresas por semana.

Sin embargo, Soane dijo que las compañías que contratan el servicio también tienen responsabilidad en esto, porque quieren que le cueste lo mínimo y nos les interesa si la persona que custodia su local está capacitada para portar arma.

Penalizaciones.
Carlos Prosperi, director de la DIASP, explicó que con la Ley 56, a diferencia de los decretos ejecutivos que a la fecha rigen a las agencias de seguridad, se establecen sanciones económicas que serán aplicadas dependiendo de las faltas que se cometan. Estas se han clasificado en leves, graves y gravísimas. Actualmente solo existen amonestaciones, suspensiones por seis meses, un año y la cancelación del servicio. El año pasado tres agencias fueron cerradas: Coronado Security y Savipsa por contratar personal extranjero, y E.B.S.I. por suministrar información errónea del manejo administrativo.

La apertura de sucursales sin la autorización de la DIASP y que el personal no cuente con el debido uniforme son considerados como faltas leves, y se sancionan con multas que van de $500 a $3 mil. Como graves se entienden la publicidad de la agencia sin estar inscrita en el registro de empresas de seguridad, no someter a su personal a dos ejercicios de tiro obligatorio al año y emplear a personas que no tengan la nacionalidad panameña ni estén acreditados para este tipo de trabajo, por lo que se les sanciona con $3 mil 001 a $10 mil.

Mientras que entre las gravísimas está el negarse a brindar apoyo a la Fuerza Pública u otras entidades de seguridad pública, así como incumplir con el pago de las cuotas empleado-empleador a la Caja de Seguro Social, y esto es sancionado de $10 mil 001 a $20 mil, e incluye la cancelación.

Cuestionamiento.
Rafael Zeballos, del Movimiento Jóvenes en Pro de la Seguridad Ciudadana, dijo que esta ley, cuyo objetivo era beneficiar y brindar más seguridad a los ciudadanos, terminó siendo para beneficio de las agencias de segueridad privada. Cuestionó que al obligarse contratar los servicios de estas empresas en otras actividades, pone en peligro el trabajo de muchas personas.

Antecedentes.
El homicidio de Ana Mercedes Medina, registrado en septiembre del 2007, en el que tuvo participación Martín Wright Cotto (agente de seguridad), condenado a 30 años de prisión, así como otras irregularidades detectadas en estas empresas, llevaron a las autoridades a establecer un nuevo marco de reglamentación. El decreto que reglamenta la ley fue revisado por el Minseg y está por ser aprobado por el Ejecutivo.