Las dos empresas que fueron admitidas por el Gobierno para brindar los servicios de auditoría privada por 1.2 millones de dólares han mostrado que carecen de la suficiente capacidad económica y moral para poder realizar este trabajo, según se desprende de un informe de la Junta Evaluadora de Licitaciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El Gobierno va a contratar los servicios privados de auditores forenses para investigar los fondos de 153 juntas comunales y del Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el periodo de gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, una labor para la que por ley está facultada la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el informe al que tuvo acceso Panamá América, la firma Forero Gordón y Asociados emitió un certificado de paz y salvo con número 303-3348985, el cual resultó falso.
Esta empresa está entre las dos principales opciones para ganar la licitación programada para hoy viernes.
Detalle de lo encontrado por la junta evaluadora es que el documento le pertenece a una finca y que fue alterado hasta en la fecha.
El expediente señala que la empresa entregó el paz y salvo con fecha del 30 de julio de 2014, sin embargo, luego de las investigaciones se establece que el documento original se emitió el 7 de julio de este año.
Por esta razón, la junta evaluadora remitió un oficio a la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos (ANIP), en el que se logró determinar que la firma de auditores Forero Gordón y Asociados debe actualmente $10,426.81 en concepto de ITBMS y un saldo de $904.25 por la tasa única.
En el caso de la segunda empresa, denominada Rogers Forensic Auditors, la junta técnica hace una serie de observaciones en su informe, en el que se destaca la falta de una certificación de referencia bancaria que permita establecer su solvencia financiera.
También se hace el llamado a los representantes de la empresa por no haber aportado dentro de la documentación un certificado de Registro Público que establezca el nombre de sus accionistas y dignatarios y, por supuesto, una documentación notariada que dé cuenta de que estas personas naturales no están inhabilitadas para actuar en una contratación con el Estado.
Pese a estas irregularidades, el Gobierno programa la licitación para hoy con estos proponentes, aunque haya mérito para inhabilitarles de participar.
