La audiencia se verificará luego que el juzgado acogiera la petición del fiscal superior especial Cristóbal Arboleda, de encausar penalmente a los encartados por los delitos de secuestro y asociación ilícita para delinquir.
Las pesquisas realizadas por la Fiscalía indican que Samaniego y Ortiz fueron secuestrados en Darién y luego entregados a grupos insurgentes colombianos, quienes pretendían cobrar fuertes sumas de dinero.
Ortiz fue secuestrado el 23 de octubre de 1999 por hombres armados que incursionaron en Metetí, Darién. En esa ocasión, los insurgentes también tomaron como rehén a un trabajador del lugar, pero fue dejado en libertad.
En tanto, Samaniego fue plagiado el 16 de septiembre de 1999 en Canglón, Darién, cuando laboraba como capataz de la hacienda Tierra Fértil y desde esa fecha se desconoce su paradero.
Los informes iniciales señalan que Samaniego fue confundido por los insurgentes con el propietario de la finca, pero decidieron mantenerlo retenido a cambio del pago de una fuerte suma de dinero por su liberación.
Las primeras detenciones en este caso se produjeron luego de un operativo realizado por la Policía Nacional en donde fue arrestado un grupo de supuestos colaboradores de la guerrilla, entre los que figuraban José Benjamín Peñaloza, Luis Felipe Pérez, Ismael Jaramillo y una mujer de generales desconocidas.
El mecanismo es que muchas niñas y adolescentes son trasladadas a otros países con el engaño de conseguir para ellas una mejor vida, estudios o condición económica, cuando en realidad van a ser forzadas,utilizadas y explotadas sexualmente.
Precisamente, en el estudio sobre Panamá se hace una breve reseña de una dominicana que a los 14 años empezó a cobrar por favores sexuales. Hoy a los 17 años no solo sigue en ese espantoso mundo sino que consume constantemente alcohol y drogas, y mantiene una relación lesbiana.
Usualmente los explotadores que utilizan a los niños y niñas para relaciones sexuales remuneradas, son personas comunes e incluso respetadas por la sociedad, son de todos los niveles de poder adquisitivo y políticos, que difícilmente pueden ser vinculamos con esa actividad, dijo Dawson. En Panamá se hace necesario la revisión de la normativa en materia de delitos sexuales, concluye el estudio realizado por la OIT a través del IPEC.
Dawson señaló que en algunas legislaciones específicas de cada país no se establecen sanciones para las personas que están inmersos en la red de pornografía infantil. Puso como ejemplo a los que filman los videos pornográficos infantiles.
Señaló que para revisar la normativa en Panamá, todos los sectores involucrados deben sentarse a discutir, porque en el caso de niñez y adolescencia no se trata sólo de prostitución y explotación, sino que por estar en un proceso de desarrollo son mucho más vulnerables que una persona adulta.
Exhaustivamente debe ser revisado lo que tiene tipificado el Código Penal como delitos sexuales, en donde no se incluye el delito de explotación comercial sexual de la niñez y adolescencia.
Aunque ya hay algunos anteproyectos de reformas al Código Penal o propuestas nuevas, no se ha trabajado específicamente sobre la explotación sexual comercial infantil. Dawson señaló que en la Asamblea Legislativa, la Procuraduría de la Nación, el MIMNJUNFA y la Policía Técnica Judicial ya tienen algunas propuestas, pero lo ideal sería que todas las instituciones que están relacionadas con el tema se sienten a conversar y en consenso se establezca una sola reforma a las normas. Dentro del proyecto de visualización de la realidad de la explotación comercial infantil, se programan una serie de actividades en la que se les da participación a los medios de comunicación.
Esto tiene como finalidad hacerle las recomendaciones pertinentes a los periodistas y medios de comunicación sobre cómo debe ser el abordaje de los temas de explotación sexual comercial de menores de edad.
Cabe destacar, que en el mes de marzo la IPEC/OIT en conjunto con el Colegio de Periodistas tendrá un seminario que versará sobre este tema.
Por otro lado, Dawson destacó que el programa nacional, que tendrá una duración de tres años, se trabajará con el fortalecimiento de las capacidades institucionales, fundamentalmente con el MIMNJUNFA y específicamente las direcciones de Niñez y Juventud.
Pero todo este programa no tendría su objetivo primordial, si no se trabaja paralelamente en el proceso de reforma de la legislación, adecuándolo y evitando que esos niños y niñas vuelan a ser explotados, aplicando las debidas sanciones a los explotadores.
Una vez se dé el proceso de consenso y se tenga una política clara en la materia, se estará diseñando un Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial.
Dawson indicó que no solo se trata de formular en consenso un plan, sino ejecutarlo. Destacó que este es el mayor problema que se ha encontrado en países de la región como: Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
En estos países, aunque ya se cuenta con la legislación y con un plan nacional contra la explotación comercial infantil, la falta de un presupuesto es uno de los tropiezos para su ejecución.
La entrevistada destacó que los periodos electorales y presidenciales también constituyen en obstáculos para la mayoría de los programas y planes que se tienen en la región. "Cuando no hay un buen entendimiento de la importancia del seguimiento de los procesos, se corre el riesgo de que los planes sean engavetados por los gobiernos posteriores. Destacó que esas son situaciones que se quieren evitar en Panamá.
A mediados de este año se tiene programado que todas las instituciones y la sociedad tengan un nivel de conocimiento y sensibilización de la temática, para posteriormente sentarse y plantearse un plan estratégico de acción.
